Giuliani, Nueva York y Guatemala

Giuliani es el primero en decir que lo que funcionó en Nueva York no necesariamente va a funcionar en Guatemala
Giuliani, Nueva York y Guatemala
Ciudad de Guatemala es la séptima ciudad más violenta de la región.
Foto: Wikipedia

La élite empresarial de Guatemala contrató al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani (1994-2001), para asesorar al gobierno para disminuir la inseguridad en el país.

La idea es una de esas que se ven bien, en papel. Giuliani tiene a su crédito haber recuperado (en medida considerable) a Nueva York—como alcalde y, antes, como fiscal federal (1981-1983)—del control extorsionista de la mafia. Esto redundó en la creación de 450 mil empleos para la ciudad, que fueron posibles porque las empresas extorsionadas ya no pagaban millardos de dólares a la mafia.

Para 2001, Nueva York tenía una tasa de homicidios de 8 por cada 100 mil habitantes (en una ciudad de 8 millones), que bajó desde un estimado de 21 por cada 100 mil habitantes en 1994.

Hoy, Guatemala es el cuarto país más violento de Latinoamérica. La capital, Ciudad de Guatemala, es la séptima más violenta de la región (las demás están en Honduras, México, Venezuela y Brasil). Guatemala tiene 15 millones de habitantes, y una tasa de homicidios de 34 por cada 100 mil habitantes. Según el Gobierno, al menos la mitad de los casos tiene relación con las extorsiones y las pandillas. Los homicidios de esa mitad son pandilleros que se atacan entre sí, o víctimas inocentes de fuego cruzado, o intencionalmente asesinadas porque no pagaron la extorsión.

Aunque hay algunas similitudes, las realidades de Nueva York (y EE.UU. en general) y Guatemala parecieran estar más lejos que las 3,256 millas de distancia geográfica que las separa. Aun así, desde que se registra la historia de este país centroamericano, hay asesores estadounidenses aconsejando al país acerca de cómo mejorar su seguridad. Ocurre desde hace al menos cien años. Esta vez, la iniciativa del empresariado llevó a Giuliani a Guatemala (para un encuentro de empresarios el pasado 9 de octubre) y le persuadió a asesorar un plan a siete años plazo, uno de cuyos ejes es la reforma de la Policía Nacional Civil.

Giuliani es el primero en decir que lo que funcionó en Nueva York no necesariamente va a funcionar en Guatemala. Pero propone pilares de acción lógicos en cualquier parte del mundo: (1) generar estadísticas confiables bajo el principio de que no se puede mejorar lo que no se mide; (2) trabajo conjunto de la policía, fiscales, sistema penitenciario, y jueces, y (3) establecer prioridades—por ejemplo, si la mayoría de extorsiones son organizadas desde la cárcel, que limpiar las cárceles sea prioritario.

Pero, ¿cómo reaccionan las autoridades? El presidente Otto Pérez Molina dice estar “contento” ante la propuesta empresarial de hacer una transición de seguridad reactiva a una preventiva. El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dice que lo propuesto “ya se ha hecho” (¿?). El Sistema Penitenciario todavía sufre la resaca del escándalo destapado en septiembre de una red de influencias, para tráfico de beneficios ilegales para los reos, que involucraba al director y líderes de la población carcelaria. ¿Y las cortes? La Corte de Constitucionalidad acaba de anular la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia alegando un proceso viciado.

Ante estas circunstancias, ¿pensará Giuliani que la situación en Guatemala tiene remedio? Quién sabe. El ex alcalde neoyorkino fue muy diplomático para hablar del país. Pero sí dijo que sólo la policía no podía hacer todo. Gran verdad. Él lo sabe. Su administración contó con 7 mil nuevos policías que gestionó su antecesor en la alcaldía, David Dinkins (1990-1993). Y si la administración de Giuliani pudo pagar los salarios de los nuevos policías, fue porque echó a andar el tipo de disciplina fiscal que le permitió a la ciudad cambiar el déficit de la ciudad por un superávit.

En Guatemala, la tibia reforma fiscal aprobada en 2012 no generó los recursos necesarios para aumentar el presupuesto estatal de seguridad (uno de los más bajos de la región en proporción al PIB). Además, no atacó el exceso de exenciones fiscales, la evasión fiscal de las grandes empresas, el contrabando y la reducción de la economía informal, que no tiene incentivo alguno para meterse al sistema legal. Encima de eso, el sector privado (en pequeña y gran escala) gasta cuatro veces más que el Estado en contener la violencia. Lo hacen sólo quienes pueden pagar. Así que el presidente Pérez Molina puede estar todo lo contento que quiera, pero sin voluntad política (la que faltó a diputados del partido oficial, y a los de la oposición para aprobar una reforma fiscal con colmillos) el país se mueve hacia ninguna parte. Y la propuesta de Giuliani para Guatemala sigue siendo fabulosa, pero en papel.