Latinoamérica: con el verdugo en casa

A mayor impunidad, más prevalencia tienen los intereses del crimen y delincuencia organizada sobre los derechos humanos y civiles de la población
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Latinoamérica: con el verdugo en casa
Una madre muestra la fotografía de su hijo, uno de los desaparecidos en el ataque perpetrado contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en México.
Foto: EFE

“Un crimen es la forma en que un criminal resuelve un problema”, de acuerdo con el sociólogo guatemalteco Héctor Rosada. El criminal cree que hacer desaparecer, secuestrar o asesinar a la víctima le resuelve un conflicto—en un crimen aislado o uno múltiple. Y lo hace creyendo que no será descubierto, o que el costo del crimen encubridor es preferible al escándalo que intentó encubrir.

Ocurrió en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, que—según reportes de prensa—autoridades locales entregaron a miembros de los Guerreros Unidos (narcos independizados de los Beltrán Leyva, ex división del Cartel de Sinaloa). ¿Por qué no aparecen? Porque sus testimonios podrían ser dañinos para los responsables de hacerles desaparecer, que sí mataron a otros seis estudiantes y dejaron heridos a 25.

Ocurrió durante el movimiento social de octubre de 1968, que involucró estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y otros profesionales victimizados en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Según registros históricos, los verdugos fueron paramilitares y el Ejército mexicano. Como ahora, el gobierno ocultó información, lo cual impidió establecer con exactitud el número de asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados, que resultaron de la acción militar y paramilitar. Un estimado conservador fija el número de víctimas en 200.

En las últimas dos décadas, en distintos puntos en México, la extorsión a migrantes, o su explotación sistemática como víctimas de trata de personas, llevó a autoridades corruptas (desde funcionarios de migración, hasta policías municipales), y a criminales (Zetas, entre otros), a matar a las víctimas para intentar ocultar el rastro de sus crímenes. Los ejemplos son más evidentes desde el caso de los 73 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y se han multiplicado desde entonces.

Los ejemplos también son múltiples en el triángulo norte de Centroamérica, donde décadas de abuso de poder militar generaron un clima donde un criminal cree que basta matar o desaparecer a una víctima para asegurarse impunidad. Las fuerzas civiles tomaron nota y algunos de sus miembros emplearon similares prácticas. En Guatemala, Honduras y El Salvador, no es extraño que haya policías investidos de criminales que usan su autoridad para evadir la justicia.

En febrero de 2007, cuatro policías fueron masacrados en una cárcel guatemalteca cuando eran sospechosos de asesinar a tres diputados salvadoreños (del Parlamento Centroamericano, o Parlacen) y a su chofer, hechos conocidos como el “Caso Parlacen”. Aunque hubo condenas de los autores intelectuales del caso de los diputados, el asesinato de los policías quedó impune y evitó que corroboraran la evidencia. Resolvió un problema: el sendero de huellas hacia otros autores intelectuales del caso Parlacen.

Sin un alto nivel de impunidad, ningún criminal, vestido o no de autoridad, creería que matar o desaparecer a una víctima le saca de problemas. La desaparición de los 43 estudiantes en Iguala es un síntoma de ello. También lo fueron el asesinato de los 73 migrantes en Tamaulipas, el caso Parlacen, el asesinato de ocho policías en junio de 2013 a manos de narcotraficantes en Guatemala, y el asesinato de 36 periodistas en los últimos 10 años en Honduras, entre otros casos.

No se trata de satanizar a todos los policías y militares en la región. Pero si algunos usan su autoridad para victimizar, vejar y abusar a la población que juraron proteger, es porque la impunidad les procura protección. A mayor nivel de impunidad, mayor prevalencia tienen los intereses del crimen y delincuencia organizada sobre los derechos humanos y civiles de la población. Si no es así, ¿por qué se debió iniciar una búsqueda de los estudiantes de Iguala para que fueran halladas cuatro fosas con restos humanos? No parece haber un gran interés por averiguar quiénes son estas personas. ¿Son acaso hijos, hermanos, padres o esposos de familiares cuyas denuncias nunca fueron escuchadas? Y, peor aún, ¿cuántas otras fosas hay por descubrir? ¿Cuántos desaparecidos olvidados hay?

En 2013, se reportaban al menos 26,121 desaparecidos (o “personas no localizadas”) en todo México en el sexenio anterior, durante la administración de Felipe Calderón. En ese entonces, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a publicar periódicamente los casos registrados en su administración—quizá cuando no anticipaba un episodio como el de Iguala. En Guatemala, se registran 200 mil desaparecidos sólo del conflicto armado. En El Salvador, según El Faro, de 1,564 casos denunciados a la policía en 2012, “más de un centenar aparecieron muertos y más de 600 siguen desaparecidos”.

No es extraño entonces que el nivel de impunidad en el triángulo norte de Centroamérica y México oscile entre el 70 y el 98 por ciento. Y donde quiera que estén, los 43 normalistas de Iguala lo han denunciado a gritos, aunque se haya tratado de silenciarles.