Los otros desaparecidos en Guerrero

El estado mexicano vive una 'guerra sucia' contra los activistas
Los otros desaparecidos en Guerrero
Policías federales frente a una fosa común descubierta en septiembre.
Foto: Fotos: Getty Images

Mexico, D.F.

El nombre de la organización pone los pelos de punta: Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero. Formalmente el grupo ha documentado decenas de crímenes desde mucho antes de la desaparicion en Iguala de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Los descabezados, asesinatos, mutilaciones y desapariciones se volvieron masivos y los vimos por todas partes del estado desde 2007”, señala Javier Monroy, director del Comité que se creó tras la muerte del activista y arquitecto Jorge Gabriel Cerón.

Cerón, quien era parte del movimiento de desarrollo comunitario en Chilpancingo, fue “desaparecido” junto a un expolicía cuando iba a entregarle unos planos que le encargó para una casa. Los asaltó un comando armado y se los llevó.

El único requisito que pide el comité para darle seguimiento a los casos es que se presente una denuncia en el Ministerio Público y ante la Comisión Estatal para los Derechos Humanos “como prueba de que la familia da la cara con dignidad porque no tiene nada que ocultar”.

A partir de 2012, los ataques contra activistas sociales se intensificaron y así comenzó lo que la organización llama la “Segunda Guerra Sucia” en Guerrero para diferenciar los crímenes contra activistas en los años 70 tras una persecución de Estado.

“El problema es que la gente tiene miedo porque las autoridades están involucradas o ponen trabas para recibirlos”, dice Monroy. “La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero no esclareció ni uno solo”.

A partir de 2012, los ataques contra activistas sociales se intensificaron y así comenzó lo que la organización llama la “Segunda Guerra Sucia” en Guerrero para diferenciar los crímenes contra activistas en los años 70 tras una persecución de Estado.

No hay mucha diferencia, desde entonces, observa Monroy, salvo que ahora se le puede echar la culpa al narco, la injusticia prevalece.

“Desde que se creó el Comité en el estado hubo seis procuradores (en la fiscalía locla) y cada vez que entraba uno nuevo nos volvía a pedir los expedientes de los casos porque el anterior los desaparecía: así se perdieron muchas pruebas, así se ha bloqueado la justicia”