Familias mexicanas acusan al ejército de secuestrar a sus hijos

Desde marzo de 2010, decenas de padres reportaron que a los jóvenes se los llevaron los soldados del batallón 27
Familias mexicanas acusan al ejército de secuestrar a sus hijos
Francis Alejandro García Orozco, uno de los desaparecidos, dueño de una discoteca.

IGUALA, México

“Aquí estoy, fusílenme, y a cambio, quiero a mi hijo”. Félix Pita está por enésima vez frente a un teniente de la base militar 27, ubicada en una de las principales avenidas de este ciudad, donde se vio por última vez la camioneta de su hijo Lenin Vladimir, de 17 años, quien desapareció junto con cinco amigos.

El militar apenas responde y, sin novedades, lo hace con el mismo argumento del 1 de marzo de 2010, cuando Pita y otros familiares tocaron por primera vez las puertas de la milicia en busca de los suyos.

“Seguramente se los llevó la maña” —apunta el soldado con ligereza—. “Aquí no están”.

La historia testimonial de esta desaparición, comienza cuando Laura Estela García Orozco recibió una llamada de su hermano Francis Alejandro quien le pidió ayuda para cuidar el equipo electrónico y de sonido en su negocio, la discoteca Cherry, mientras él iba a recoger otras cosas a una feria.

Cada año, para conmemorar el nacimiento de la Bandera Nacional, los igualtecos montan una feria que comienza el 24 de febrero y termina una semana después. Ahí se trasladan sucursales de todos los negocios de la región y el de Francis Alejandro, de 31 años, y su socio Zósimo Chacón Jiménez, de 25, no fue la excepción.

La última noche, para regresar a Cherry los equipos de sonido, cómputo, luces, pantallas de plasma, bebidas, sillas mesas y todo lo necesario para el baile los dueños iban acompañados de cuatro muchachos más: Vladimir Pita, el más joven de 17 años, que quería ser arquitecto; Andrey Antonio Orduña Vázquez, un estudiante de bachillerato, de 21 años; Olimpo Hernández Villa y Sergio Méndez, de 19.

“Pasé por la discoteca y vi soldados afuera, uno revisaba su arma larga, pero como no estaba mi hermano yo seguí de largo a buscarlo a la feria”, describe Laura. “Allá tampoco estaba y cuando regresé me dijeron unos vecinos que se los llevaron”.

Un video grabado de manera anónima desde una cámara de seguridad callejera es la prueba principal de los familiares para acusar al Ejército. En las imágenes —grabadas desde una contraesquina— se observa en poco más de seis minutos las sombras de varias personas que bajan de un vehículo frente a la discoteca, hay una aparente conversación con otras que ya se encontraban en el lugar y luego movimientos bruscos antes de que desaparezca la gente.

Segundos después llega un convoy de cuatro camionetas muy similares a las que usan los militares.

LA NOTICIA SIGUE DESPUÉS DE ESTE VIDEO:

“Es común que clonen los vehículos, la otra vez vimos uno por aquí cerca y dijimos, ¡sí se parece!”, ha dicho uno de los tenientes a los padres.

La Opinión buscó la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no hubo respuesta hasta la fecha. El caso no interesó a la Procuraduría General de la República: se quedó archivado en la fiscalía local.

“Cada día, cuando tocan la puerta o timbra el teléfono o veo un hombre con el cuerpo parecido al de mi hijo creo que puede ser él”. María Guadalupe Orozco, madre de Francis Alejandro, llora en su negocio de recarga de extintores contra incendios mientras intenta crear una organización de desaparecidos.

Hasta antes del rapto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, nadie se atrevía a abrir la boca; de hecho, oficialmente en Iguala sólo los familiares de los seis jóvenes denunciaron oficialmente aunque se sabía de cientos de casos.

Colocaron carteles con las fotos en las cuatro entradas y salidas de Iguala, los buscaron entre los detenidos de PGR, denunciaron ante el ministerio público, narraron su caso al asistente del ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván mientras éste veía su celular y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación . Todo en vano.

“Aquí todavía va a haber mucha sangre y van a sobrar cabezas para el pozole”, advierte Pita. “A mi nunca se me va a olvidar lo que le hicieron a mi hijo ni a nadie y, aquí, en Guerrero, lo único que funciona es la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente”.

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El Batallón de Infantería 57 está ubicado a unas pocas cuadras de la ciudad de Iguala, una razón por la que nadie entiende cómo pudieron ocurrir tantos asesinatos impunes durante tantos años. “El Ejército llegó hasta la segunda vez que nos dispararon”, dice Emilio García, uno de los estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivió al ataque de los policías municipales. “Nos empezaron a acusar de allanamiento de morada y nos daba culetazos. Ustedes se lo buscaron, decían. Nos pidieron los nombres y nos fotografiaron a todos: ahora creemos que algo tenían que ver”.