El legado de la antiinmigrante Proposición 187 en California

Medida contra indocumentados marcó un hito en la organización del movimiento proinmigrante

La Proposición 187, que prohibía a los indocumentados el acceso a la salud y educación pública, entre otros servicios sociales, marcó hace 20 años un hito en la organización de los movimientos a favor de los inmigrantes, quienes ante esa amenaza se unieron para luchar conjuntamente.

La Proposición 187 fue apoyada por más de 5 millones de votantes, equivalentes al 59% del total de los votos y fue negada por 3,5 millones de electores.

En diciembre de 1994 la juez Mariana Pfaelzer suspendió la Proposición al considerar que infringía la exclusiva jurisdicción del Gobierno federal sobre temas relacionados con la inmigración.

“California no tiene poder para establecer su propio esquema legislativo para regular la inmigración, para establecer su propio esquema legislativo para regular el acceso de los extranjeros a los beneficios públicos”, afirmó la juez Pfaelzer en su pronunciamiento.

La ley 187 está muerta y enterrada pero el impacto negativo que tuvo cuando estuvo vigente no puede menospreciarse“, declaró Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) de Los Ángeles y quien en parte debe su activismo a esta proposición.

“Muchísima familias inmigrantes tuvieron que sufrir las consecuencias nefastas de esa propuesta”.

En 1994 en el estado de California vivían cerca de 1,3 millones de inmigrantes indocumentados de los cuales más de 300 mil eran menores de edad.

Los impulsores de la ley 187 calcularon que el estado de California gastaba cerca de $3,000 millones anuales de los contribuyentes en los servicios a los inmigrantes indocumentados, de los cuales cerca de la mitad se destinaban a la educación de los menores.

Luego de enfrentar bajos índices de aprobación por su gestión y buscando la reelección, el gobernador demócrata Pete Wilson logró ganar el apoyo de los electores por su decidido respaldo a la proposición.

El índice de participación en la votación fue de más del 60% de un total de 14.7 millones de votantes registrados de acuerdo con los registros de la Secretaría de Estado de California.

El 68% de los republicanos y el 62% de los independientes votaron a favor de la iniciativa, mientras el 64% de los demócratas se opuso y el 23% de los latinos que votaron apoyó la proposición 187.

No obstante, la ley marcó un rechazo de la comunidad latina hacia el partido republicano que todavía repercute en las votaciones.

Hay quienes consideran que la razón de la medida fue proteger los intereses de los residentes de California ante una inmigración ilegal incontrolada, que amenazaba la estabilidad de los servicios sociales incluyendo la educación

Mark Weimar, analista del Centro Estadounidense por un Futuro Mejor, un centro de análisis de políticas de desarrollo, considera que la medida no tenía una base discriminatoria ni era racista.

“Precisamente su base legal fue lo que impidió que se aplicara y la razón por la cual se declaró su inconstitucional”, señaló.

Según el analista, la razón por la que la medida no se aplicó no fue porque discriminara sino porque tomaba acciones que competían únicamente a la política federal.

“Si el Congreso del país hubiera aprobado una medida similar, el argumento de la Corte no hubiera sido aplicable”, opinó Weimar.

A raíz del vigésimo aniversario de la aprobación de la ley por el Congreso estatal, varios legisladores hispanos presentaron una propuesta para eliminar algunos rezagos que todavía figuran en los códigos californianos.

El 15 de septiembre del 2014, el gobernador Jerry Brown firmó la Ley SB 396 aprobada previamente por el Senado y la Asamblea que derogó algunas cláusulas que todavía figuraban en los códigos, como la obligación de las agencias locales de la ley de reportar a los detenidos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

“El ACLU de California estuvo en la primera fila para derrotar la Proposición 187 cuando fue presentada por primera vez y nos mantenemos comprometidos para asegurar que los últimos vestigios de esta divisoria ley sean borrados”, declaró en un comunicado enviado a Efe, Héctor Villagra, director ejecutivo de esta organización en el sur de California.

Para Teresa Borden, portavoz de CARECEN, una de las organizaciones que trabajó activamente para rechazar la ley, “en los años que siguieron a la medida el voto latino impulsó mucho a los políticos hispanos.”

“Esa iniciativa fue una amenaza muy grande para nuestra única comunidad y por ello generó mucha organización también entre los descendientes de los inmigrantes“, concluyó.