Padres y madres cavan fosas en busca de sus hijos

Familiares de desaparecidos recorren los alrededores de Iguala
Padres y madres cavan fosas en busca de sus hijos
Familiares cavan fosas en los alrededores de Iguala.
Foto: Gardenia Mendoza

IGUALA, México – El sacerdote Mauricio Prudenciano apunta con la mano derecha hacia el cerro. Suelta unas gotas de agua bendita que caen sobre unas piedras y exclama: “Dales señor tu eterno descanso”.

La bendición no tiene un nombre en específico, está dirigida a las decenas de cuerpos –quizás cientos- que se calcula fueron enterrados en los alrededores de esta ciudad del norte de Guerrero donde el pasado 16 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes como un hecho más entre muchos otros que ocurrieron previamente.

Reunidos en torno al cura católico se encuentran alrededor de 20 padres, madres y hermanos de gente secuestrada y desaparecida que escuchan la improvisada misa a campo abierto como un punto de partida para iniciar ellos mismos la búsqueda de los suyos en fosas clandestinas.

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“Quiero encontrar aunque sea los huesos de mi hijo y de mi nieto”, dice Celia R., una anciana de 78 años que llegó hasta las faldas de la montaña para cavar personalmente entre los matorrales.

Con el pesar de los años, toma como bastón un pico que le da Citlali Miranda, integrante de la Coordinadora de Familiares y Desaparecidos de Iguala, quien encabeza la caminata cuesta arriba bajo un calor seco de 38 grados.

“Sólo en las últimas dos semanas hemos encontrado alrededor de 40 posibles tumbas clandestinas”, cuenta Miranda. “Todavía no sabemos si hay cadáveres o no porque nos comprometimos con la PGR (Procuraduría General de la República) de avisar cualquier hallazgo para que los peritos especializados abran las tumbas”.

Cada vez que aparece un montículo de tierra a desnivel en el terreno, los agitados exploradores hunden una barra de metal: si ésta se hunde fácilmente es señal de que la tierra pudo ser removida.

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María Luisa Bastión busca a su esposo. Era policía de Iguala hasta el pasado 8 de marzo que desapareció camino a la Universidad Autónoma de Guerrero: estudiaba la licenciatura en derecho porque quería salirse de la corporación. “Querían obligarlo a que hiciera cosas que él no estaba dispuesto y no puedo decir más por seguridad”, dice mientras clava una banderilla color naranja como guía para los peritos de PGR. “Aquí podría estar mi marido”.

Los familiares se han dividido en grupos de seis personas para sondear con mayor eficiencia una zona perfectamente delimitada para explorar: es un esquema de organización desde hace dos meses, desde que tomaron valor tras la desapareción de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Celia R. clava una y otra vez la barra. Suda. A ratos llora, pero sigue en pie, con su falda larga y el cabello recogido en un moño. “Si lo encuentro ya no se irán para la fosa común”.

El sótano de la iglesia de San Gerardo, en Iguala, se volvió un centro de reunión de católicos, víctimas y autoridades que hoy recaban muestras de ADN con miras a dar identidad a los cuerpos encontrados en el norte de Guerrero.

Hasta la fecha llevan 300 muestras y siguen contando. Las primeras 500 pruebas son patrocinadas por la Universidad de Durham por intervención de Julia Alonso, una guerrerense oriunda de Acapulco cuyo hijo extraviado en Monterrey la ha llevado al activismo contra las desapariciones.

En la toma de las pruebas participa también el gobierno federal que ya es parte del equipo forense de búsqueda a través de PGR.

“Lo que está pasando después de Ayotzinapa con la sociedad es una muestra de que la unión hace la fuerza”, dice el sacerdote Mauricio Prudenciano.

Prudenciano llegó a Iguala poco después de que un grupo armado le quitó su camioneta para usarla como barricada contra otra organización rival.

“Si quieres vivir, corre”, dijo uno de los sicarios antes de empezar la balacera, cerca de Apaxtla, donde el cura tenía su sede parroquial.

“Me salvé de milagro y pienso que ahora tengo que hacer algo para terminar esta barbarie”.