Ley de movilidad… ¿pretexto para reprimir en México?

El pasado 2 de diciembre, diputados del PRI y PAN “descongelaron” un cuestionable dictamen para regular la “movilidad social”
Ley de movilidad… ¿pretexto para reprimir en México?
La fuerza pública ha actuado en México para “controlar”, “encapsular” o “detener” a manifestantes.
Foto: Archivo

Por Raúl Estrada, director de comunicación de Greenpeace en México

Intolerancia, autoritarismo gubernamental, arbitrariedad y falta de libertades públicas, estas eran algunas de las prácticas comunes en la Guerra sucia que dominó a México entre los años 60, 70 y 80. Sin embargo, para muchos grupos que pertenecemos a la sociedad civil estas prácticas no han desaparecido y es más, se incrementaron a partir del sexenio de Felipe Calderón y actualmente con Enrique Peña Nieto.

En los últimos dos años, la criminalización de la protesta social ha estado marcada por eventos en donde la violencia policíaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático de violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso ha puesto en riesgo la integridad de las personas en varios estados y en la capital del país.

Es preocupante que en este marco de violencia y represión también nos enteremos de que, entre enero de 2013 y abril de 2014 se registraron en México 82 agresiones contra activistas en defensa del medio ambiente, un incremento del 100% respecto a las agresiones registradas en 2011 y 2012. El informe “No tenemos miedo, defensores del derecho a la tierra atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado” señala que la causa principal de las agresiones está ligada a mega proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos gasoductos y acueductos en zonas que afectan a comunidades. Este desarrollo depredador está generando descontento social y ante la crítica o el disentimiento, la respuesta ha sido acallar con amenazas, agresiones físicas, casos de criminalización, intimidaciones y por lo menos cuatro asesinatos de activistas, tan sólo en ese periodo.

Por si fuera poco y en medio del enorme descontento social y manifestaciones públicas por los recientes casos de violencia en México – casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya o el descubrimiento de más y más fosas comunes-; el pasado 2 de diciembre diputados del PRI y PAN “descongelaron” un cuestionable dictamen para regular la “movilidad social” que seis meses antes fue criticado, porque el derecho de todo ciudadano a la movilidad podría ser interpretado también como un excelente pretexto o coartada para limitar el derecho a la libre manifestación.

Los cambios corresponden a dos artículos de la constitución mexicana: el 11, donde se agrega que “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

En otro artículo, el 73, señala que el Congreso “está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal – la capital del país-, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.”

Hemos visto recientemente cómo la fuerza pública ha actuado en México para “controlar”, “encapsular” o “detener” a manifestantes e iniciarles un proceso judicial aun cuando existe un registro de detenciones arbitrarias, represión y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. En ese sentido es preocupante que frente a la urgencia de resguardar el derecho a la libertad de expresión y manifestación, la autoridad pueda interpretar erróneamente los párrafos agregados en ambos artículos.

Por lo anterior, Greenpeace México y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hicieron un llamado al Congreso mexicano para garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta.

Instaron también a los legisladores a que durante la revisión de la reforma y su eventual proceso de reglamentación constitucional, se evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

¿Qué sigue? Que todos como ciudadanos permanezcamos vigilantes del proceso para evitar que el derecho a protestar sea reprimido y se compare con cualquier delito. Si permitimos que la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas sean institucionalizadas en México, dejaremos perder el derecho a disentir, de ese modo, ¿de qué sirve la movilidad?