¿Por qué se oponen al Sistema Anticorrupción en México?

La ley que pondría en marcha medidas para frenar la corrupción sigue pendiente

@GardeniaMendoza

MÉXICO.- Una fría tarde del 10 de diciembre pasado, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala irrumpieron en el Senado, desplazaron a los legisladores de sus asientos, hicieron reclamos durante tres horas y dieron a los congresistas un día más de pretexto para aplazar la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al cabo que la iniciativa había llegado un año atrás anunciada con bombo y platillo como imagen “del cumplimiento” de una de las propuestas de campaña del presidente Enrique Peña, pero con pocos ánimos de hacerla realidad.

Durante 12 meses, los diputados pusieron en práctica todas las artimañas conocidas para aplazar una ley. Desde la falta de quórum en las comisiones para discutirla u oponerse a múltiples artículos con alegatos interminables, desinterés de los presidentes de la comisiones para incluirla en el orden del día o perder horas y horas para hablar de temas polémicos.

“Los senadores del Partido Revolucionario Institucional han tenido una actitud de choque con el caso de los normalistas y aplazar la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción”, acusó el senador Miguel Alonso Rayas.

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Tres días después, un dictamen de ley fue aprobado, pero tuvo tantas críticas por la ausencia de mecanismos fuertes para frenar verdaderamente la corrupción que hasta la fecha sigue atorada en la Cámara de Diputados, a donde fue turnada.

Entre las principales inconformidades se encuentra la ausencia de un artículo que prevea la extensión de dominio (decomiso) de los bienes a los políticos que no logren comprobar el origen lícito de sus propiedades o el hecho de que el “fiscal anticorrupción” estaría sujeto al presidente o al congreso para su nombramiento y vigilancia.

“Lo que pasa en realidad es que los políticos no quieren soltar de verdad el control de una fiscalía anticorrupción”, observó Jorge Teherán, analista de la consultoría Hojas de Ruta.

El PRI, por ejemplo, quiere que el fiscal sea controlado por el presidente; el PAN quiere que el fiscal surja a propuesta de los grupos parlamentarios y el PRD que la Auditoria Superior de la Federación (dependiente del Legislativo) fiscalice al fiscal.

Activistas de prestigio como Alejandro Martí, de la organización SOS pidió recientemente incluir en la fiscalía la participación ciudadana, “un movimiento horizontal donde haya mesas de observación ciudadana en los 1,400 municipios del país”, dijo. “El problema lo debemos combatir todos, no unos cuantos”.