DACA y DAPA: la luz que alumbra

Un cierre del DHS no afectaría la implementación de las acciones ejecutivas
DACA y DAPA: la luz que alumbra
Si vence el plazo, DHS tendría que dejar sin sueldo varios días a 30,000 de sus empleados y limitar sus operaciones.
Foto: Archivo

Como si no fuera suficiente que las acciones ejecutivas migratorias estuvieran bajo ataque en el Congreso y en tribunales, tanto el gobierno como grupos pro inmigrantes tienen el reto de lograr que la mayor cantidad posible de indocumentados elegibles soliciten el amparo que otorga permisos de trabajo y protección temporal de la deportación, sin duda el mayor beneficio migratorio que se haya concedido en 30 años, desde la amnistía de 1986.

Se calcula que casi la mitad de la población indocumentada del país, unos 5 millones de inmigrantes, podrían beneficiarse de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para Padres de Ciudadanos o Residentes Permanentes (DAPA). Esta semana comenzarían a aceptarse solicitudes del DACA ampliado, y en mayo arrancaría el proceso de solicitud de DAPA.

Se aguarda, empero, por el inminente fallo del juez federal de Brownsville, Texas, Andrew S. Hanen, sobre la demanda contra las acciones ejecutivas que presentaron 26 estados, 24 de esos con gobernadores republicanos, alegando que las acciones ejecutivas son anticonstitucionales y afectarán económicamente a los estados.

Si el fallo fuera adverso, la implementación podría retrasarse, pero la palabra clave en este proceso es: Temporal. El bloqueo a dichas acciones ejecutivas sería temporal porque la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y expertos legales coinciden en que las acciones ejecutivas son constitucionales y en que cualquier bloqueo se levantará en el proceso de apelaciones.

Asimismo, el circo que la mayoría republicana del Congreso ha armado tomando como rehén al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para bloquear las acciones ejecutivas, no debería inquietar a la comunidad inmigrante.

En el supuesto de que el Senado aprobara dicha medida, el presidente Barack Obama la vetará. Y en el segundo supuesto de que haya un cierre del DHS, la implementación de las acciones ejecutivas no se afectaría, pues se financia con las cuotas que pagarán los inmigrantes al solicitar DACA y DAPA.

Es vital que los inmigrantes entiendan la magnitud de la oportunidad en puerta.

Tanto el gobierno como los grupos pro inmigrantes garantizan a los solicitantes que su información será confidencial y hacen un llamado a los futuros beneficiarios a no ser víctimas del fraude de inescrupulosos.

Pero necesitan del apoyo de la comunidad inmigrante y ese apoyo se brinda solicitando la protección. Un bajo índice de participación es lo que quisieran ver los críticos para denunciar que las acciones ejecutivas no eran necesarias o incluso argumentar que la reforma migratoria tampoco lo sería.

Hace meses era impensable que la agencia encargada de las deportaciones estuviera enfrascada en pedirle a indocumentados a inscribirse para protegerse de la deportación, tener un permiso de trabajo y la posibilidad de viajar a sus países de origen.

DACA y DAPA prueban que lo impensable puede hacerse realidad. Como dice el refrán, la luz de adelante es la que alumbra. Mientras se logra la reforma migratoria, DACA y DAPA son esa luz.