Objeciones que perjudican

La Conferencia Nacional de Obispos Católicos tiene un largo historial en defensa de los derechos de los inmigrantes y atendiendo sus necesidades. Es penoso por eso el conflicto surgido en los centros de inmigrantes bajo administración de Caridades Católicas que rechaza proveer servicios de salud ordenados por la ley, aludiendo que estos se oponen a la libertad religiosa de la organización.

Este es un problema serio que coloca a las inmigrantes víctimas de violación, que necesitan atención médica reproductiva -incluyendo el aborto- en medio del debate nacional sobre las objeciones religiosas o morales para respetar y cumplir con la ley. Esta disputa es relativamente nueva a pesar que los métodos anticonceptivos y el aborto llevan décadas de ser legales.

En una carta de febrero firmada por organizaciones cristianas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, los firmantes afirman ser “los más experimentados” en atender a los menores; al mismo tiempo rechazan proveer algunos servicios médicos legales o llevarlas a otro lugar para que reciban esa atención. Las jóvenes no tiene ninguna opción para salir de donde están.

Es una situación problemática en donde un proveedor contratado por el gobierno para prestar servicios específicos, dentro de un marco legal se niega a hacerlo. Mucho peor cuando su negativa puede tener grandes repercusiones perjudiciales para la inmigrante.

Es obvio, de acuerdo a la carta, que existe una mayor preocupación del proveedor por respetar sus objeciones religiosas propias, que en atender las urgencias más terrenales de una joven embarazada por violación.

Cabe preguntarse en este caso si Caridades Católicas, con su reconocida experiencia para atender refugiados, es la más indicada para recibir millones de dólares del gobierno y después decidir que va a respetar de la ley o que servicios va a dejar de cumplir. Este interrogante sirve para cualquier contratista del gobierno.

Más allá de la preocupación de los obispos, se desconocen muchos detalles. Por eso la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) pidió una orden judicial para saber bien como los contratistas del gobierno restringen los servicios reproductivos de salud. Lo que se sabe, es que miles de menores indocumentadas llegaron al país y que la mayoría de ellas fue agredida sexualmente.

Lo importante debe ser la atención a las jóvenes, para eso le pagan al contratista. Seguramente no debería estar en esa función si al contratista le preocupan más sus principios religiosos, sean los que fueren, que ayudar a las jóvenes dentro de la ley.

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