Traslado de presos frena crímenes por encargo

Unos 1,500 pandilleros han sido reubicados en penales de El Salvador

SAN SALVADOR

El gobierno salvadoreño está firmemente decidido en desbaratar los liderazgos que desde la cárcel ejercen los líderes pandilleros con dos acciones: el traslado a un penal de máxima seguridad de medio centenar de jefes “mareros” y la rotación de más de 1,500 miembros de estas agrupaciones ilícitas hacia otros penales que ofrecen más seguridad, afirmó a La Opinión, el comisionado Augusto Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Estamos tratando de romper el vínculo entre las estructuras criminales en las cárceles y las que están afuera. Hemos identificado a varios de los principales cabecillas de estas estructuras y los trasladamos al penal de máxima seguridad que está en la ciudad de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz (zona centro)”, explicó Cotto.

Cotto narró que en 2004 el gobierno de entonces decidió agrupar a los pandilleros de una misma agrupación en una sola cárcel. Entonces, tanto la “Mara Salvatrucha” como “Barrio 18” quedaron ubicados en cárceles alrededor de las cuales crearon estructuras sociales con familiares o miembros de sus respectivas pandillas. “Hoy eso es lo que hemos golpeado”, dijo Cotto.

El director general de Centros Penales, Rodil Hernández, comparó la acción que se está realizando en las cárceles a una “operación quirúrgica muy fina: se trata de haber identificado a aquellos delincuentes que desde las cárceles y por diversas formas continuaron cometiendo delitos, emitiendo órdenes de homicidios, secuestros y extorsiones”.

Ambos funcionarios coincidieron en que el operativo de seguridad en las cárceles significará una transformación inédita en El Salvador, en los últimos 60 años: hacer de las cárceles centros seguros y donde los reos puedan rehabilitarse.

“Hoy hemos comenzado a saber, por ejemplo, quién es la persona que visita a cada privado de libertad, si es familiar o amigo; si visita otros penales… Eso nos da la medida para investigar más los delitos desde las cárceles”, explicó Hernández.

Se conocen testimonios de cómo, por medio de teléfonos móviles, el jefe nacional de una pandilla o jefe de clica (una especie de unidad militar) han dado órdenes de asesinar o extorsionar a civiles a lo largo del país.

“Ahora, a los presos que están en un penal de máxima seguridad se les haría muy difícil continuar dando órdenes, como asesinatos y extorsiones, porque (allí) tienen un control estricto y bastante aislamiento”, aseveró Cotto.

“No me dijero a dónde se lo llevaron”

“Yo estoy molesta porque han trasladado a mi hermano de cárcel y no me dijeron para donde lo llevaron. Mi otra hermana ha ido a otro penal para ver si ahí lo encuentra. Mi hermano es pandillero, por eso lo han trasladado”, decía una joven mujer con lágrimas en los ojos al llegar el martes en horas de la mañana al penal de Quezaltepeque y darse cuenta que su pariente no se encontraba ahí.

El hermano de la mujer, que no quiso identificarse, fue uno de los 100 presos que desde las 5:00 a.m. fueron trasladados al penal de San Francisco Goteras, en el oriente del país. Estos movimientos han involucrado a más de 1,500 reos de cinco penales.

 Por encargo

El asesinato del reconocido periodista y cineasta hispano-francés Christian Poveda, el 2 de septiembre de 2009, ha sido catalogado como uno de estos casos, en que el “palabrero” o jefe marero reconocido como “El Tabo” ordenó su muerte desde la cárcel, al considerar que Poveda filtraba información a la Policía.

Poveda había realizado el documental, “La Vida Loca”, sobre la mara “Barrio 18”, en la Campanera, del municipio de Soyapango, en el que se veía la crudeza de la pida pandilleril y en la que se ve al pandillero como víctima y victimario de una violencia que afecta a El Salvador desde hace casi tres décadas, cuando las pandillas fueron fundadas en los barrios pobres de Estados Unidos, por inmigrantes indocumentados que huían de la guerra civil (1980-1992)