Exgobernador de Tamaulipas acusado de lavar dinero de Los Zetas

Una corte en Texas mantiene una orden de arresto contra él

Ciudad de México.- El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), es acusado por una Corte federal de Texas, en Estados Unidos, de lavar de dinero para ocultar los sobornos que habría recibido de integrantes del cártel de Los Zetas, informó este viernes el diario norteamericano San Antonio Express-News.

De acuerdo con el medio fronterizo, la acusación hecha el pasado 27 de mayo incluye al exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su cuñado, Óscar Gómez Guerra. Ambos son señalados por recibir pagos de miembros del crimen organizado a cambio de dejarlos operar libremente en la entidad.

“Los dos [Hernández Flores y Gómez Guerra] están acusados ​​de conspiración para lavar dinero, delito que es castigado con una pena máxima de 20 años, y por operaciones ilícitas en negocios, lo que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años”, refiere el diario.

El reporte indica que ya fueron emitidas órdenes de arresto contra el exgobernador y su cuñado. “Ambos son considerados fugitivos de la Ley y se mantiene una orden de arresto contra ellos”, informó la Corte al oficializar los cargos.

El diario San Antonio Express-News refiere que la acusación busca el decomiso de tres propiedades que Hernández Flores tiene en McAllen y Austin. La casa en Austin, en la calle de la Cueva, se valora en más de 2.3 millones de dólares, según el medio.

En julio de 2014, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló a Hernández Flores de recibir sobornos del cártel de Los Zetas durante su mandato y de lavar ese dinero en el sur de Texas a través del empresario mexicano Guillermo Flores Cordero, acusaciones que negó el ex mandatario.

Hernández Flores es sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien está acusado en Brownsville por crimen organizado, narcotráfico y delitos financieros. En agosto de 2012, un juez federal de México giró una orden de aprehensión contra el exgobernador tamaulipeco.

Aunque Yarrington se amparó alegando violaciones a sus garantías constitucionales y contra los actos del Ministerio Público de la Federación, el 27 de febrero de 2014 el Juez de amparo validó el mandato de captura girado contra el exgobernador y al mismo tiempo desechó el amparo del prófugo de la justicia contra una presunta aprehensión por delincuencia organizada, ya que la captura no procedió por este delito.

San Antonio Express-News dio a conocer el 3 de julio de 2014 las transcripciones de un juicio realizado el pasado 5 de diciembre, donde Flores Cordero se declaró culpable en la Corte Federal de Corpus Christi de un cargo de conspiración de lavado de dinero. Durante la audiencia, los fiscales dijeron que entre los clientes de Cordero estaban el ex mandatario Hernández Flores y miembros de su familia.

En respuesta, el ex mandatario sostuvo que son falsas las declaraciones del empresario. ”Niego categóricamente lo dicho por este señor a las autoridades estadounidenses respecto a mi persona. Es una declaración totalmente falsa […] siempre he sido y seguiré siendo escrupulosamente cuidadoso de no tener ningún tipo de relación o vínculo con los grupos delincuenciales”, replicó en un comunicado de prensa.

Meses después, en diciembre de 2014, el Gobierno de Estados Unidos inició una demanda civil contra el Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, para llevar a cabo la confiscación de 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, los fondos presuntamente vienen del lavado de dinero, derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos. Homero de la Garza fue funcionario público durante la administración de Eugenio Hernández Flores.

De acuerdo con la denuncia civil presentada en contra de Homero de la Garza Tamez, él recibió algunos de los sobornos en efectivo y otros en cheques que fueron depositados en cuentas bancarias en Texas a través de transferencias. En una de las cuentas, el funcionario falseó información sobre la procedencia de sus recursos.

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