No avanzará medida que legalizaría la matanza de gays

Un juez de California le otorgó derecho a Kamala Harris de prohibir el avance de la legislación

Una legislación que buscaba legalizar la matanza de gays en California no podrá recolectar firmas para llegar a las boleta electoral, gracias a la decisión del lunes de un juez.

Una corte superior de Sacramento otorgó derecho a Kamala Harris, fiscal general de California, de prohibir el avance de la medida, cuyo objetivo era legalizar el asesinato de toda persona que “toque a otra persona del mismo sexo con la intención de sentir gratificación sexual”.

Así lee la medida “Acta de Supresión Sodomita” presentada ante la Legislatura Estatal en febrero 2015 por el abogado Matt McLaughlin de Huntington Beach, ciudad costera del condado de Orange.

El intento de ley permitiría penalizar a toda persona gay, lésbica, bisexual o transgénero con una “muerte a tiros en la frente, o cualquier otro método conveniente”.

Sodomite Suppression Act

McLaughlin no ha hecho presentación alguna frente a cámaras, ni ha difundido algún mensaje en relación al proyecto de ley que ahora no tendrá acceso a la boleta electoral.

Sin embargo, pese al fallido intento del abogado, la presentación de la medida alzó miradas y generó debate sobre la legitimidad del proceso de presentar propuestas de ley en California.

Bajo la legislación californiana, Harris está obligada como fiscal general a redactar un sumario y titular de la propuesta, un paso necesario para que el partidario inicie el proceso de recolectar firmas. Harris, tras hacerse conocida la medida, pidió a un juez deslindarla de este proceso y permitirle bloquear el avance de la propuesta.

“Esta propuesta no solo atenta contra la seguridad pública, también es totalmente inconstitucional, reprehensible y no tiene lugar en una sociedad civil”, indicó Harris en marzo.

Su petición fue escuchada.

El juez Raymond M. Cadie condenó la medida e indicó que obligar Harris a redactar el sumario sería “inapropiado, un gasto de recursos del público”. Harris aplaudió la decisión por medio de un comunicado.

La medida generó desagrado a lo largo de la mesa legislativa, por parte de grupos de abogacía LGBTQ, y por parte de ciudadanos.

No obstante, Consumer Watchdog alzó la voz ante la mesa legislativa, y aseguró que, pese a reprochar el objetivo del proyecto de ley, bloquearlo de antemano sin permitirle acceso a obtener firmas manda la idea equivocada a los votantes del Estado, ya que le da a acceso a cualquier fiscal general a frenar cualquier medida que no sea de su agrado, dijo el grupo al diario Sacramento Bee.

Asimismo, el grupo denunció la posibilidad de incrementar el costo por presentar una propuesta de ley.

Por un cobro de $200, la Constitución de California permite a cualquier votante introducir una propuesta de ley. Pero para ser considerada deberá conseguir por lo menos el 5% de firmas del total de votantes de las más recientes elecciones. En el caso de McLaughlin, requería más de 350,000 firmas.

Pese a la preocupación de grupos como Consumer Watchdog, otros aseguran que la decisión del juez fue la correcta, dado que “pedirle a los votantes que voten sobre una medida que en principio es ilegal es una pérdida de tiempo”.

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