EPN: persisten los abusos

A nueve meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin aclararse y las demandas de justicia por parte de los padres permanecen sin respuesta
EPN: persisten los abusos
"Jornada 43 x 43", un encuentro cultural de 43 horas de actividades en recuerdo de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Como si se tratara de un disco rayado, el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en que está comprometido a proteger los derechos humanos en México y asegura que continuará con los esfuerzos para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.
Los hechos, sin embargo, muestran una realidad desoladora y totalmente distinta. En los últimos días diversas instituciones, entre ellas Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de la Unión Americana, emitieron informes en los que reprueban a la administración de Peña por la corrupción e impunidad que persiste en todas las esferas de su gobierno y por los graves abusos y violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas federales y las policías estatales y locales, sin que se castigue a los responsables.
Los ejemplos abundan. A nueve meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin aclararse y las demandas de justicia por parte de los padres permanecen sin respuesta. En el caso de Tlatlaya, donde según la Comisión Nacional de Derechos Humanos al menos 12 personas fueron ejecutadas, un oficial y seis soldados están en espera de juicio. Pero subsisten muchas dudas sobre las investigaciones de los hechos y la posible participación de otras autoridades civiles y miliares.
Lo más preocupante es que, pese a los continuos llamados que se le han hecho a la Sedena para que entregue las versiones públicas de los partes militares sobre lo acontecido en Tlatlaya, el Ejército se niega a proporcionar esos documentos. Se ha negado, asimismo, a que sean entrevistados los miembros del Batallón 27 asentado en Iguala para que den su versión sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y se ha negado incluso a informar cuántas personas civiles y militares han muerto en los enfrentamientos en los que han participado desde hace dos años.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, ha manifestado públicamente su inconformidad por lo que él considera juicios anticipados y superficiales contra las fuerzas armadas. En una reciente entrevista con el diario El Universal se quejó amargamente del alto costo que ha tenido para los militares el haber sido enviados a luchar contra el crimen organizado.
El prestigio del Ejército, efectivamente, se ha deteriorado de manera significativa por las múltiples denuncias de los abusos que ha cometido. Y este problema se ha agravado porque ni las fuerzas armadas ni el gobierno de Peña informan adecuadamente a la ciudadanía sobre los operativos que realizan, tal como lo estipula la ley. Las consecuencias están a la vista: cada vez mayor desconfianza, desazón y descrédito hacia las acciones gubernamentales.