Guatemala, impunidad y libertad de expresión

Los ataques a la prensa se multiplican en contextos donde el índice de impunidad es alto
Guatemala, impunidad y libertad de expresión
El periodista guatemalteco Oswaldo Ical Jom fue secuestrado y torturado.

Salir a trabajar sin ninguna restricción es un hecho que muchos damos por sentado. Quizá lo más que se interpone entre nuestro trabajo y nosotros es un tránsito endemoniado en la calle, o viajar apretujado en autobús o tren cual lata de sardinas—cuando se tiene la dicha de tener empleo. Este es un lujo que no comparten todos los periodistas, menos en los países con altos índices de violencia. Los ataques a la prensa se multiplican en contextos donde el índice de impunidad es alto. La impunidad es un permiso tácito para que los ataques se repliquen porque la posibilidad de castigo es mínima o nula.
En países como México u Honduras, los ataques a periodistas son tan frecuentes dentro de la vorágine de violencia, que las noticias de los mismos han perdido impacto. Pero en países como Guatemala, apenas tienen difusión afuera de sus fronteras.
Cuando tres periodistas fueron asesinados la segunda semana de marzo de 2015 en Suchitepéquez (al suroeste del país), el periodista Oswaldo Ical (de 23 años de edad) tenía casi siete meses de haber sido secuestrado, amarrado y aterrorizado en Uspantán, Quiché (altiplano de Guatemala). ¿Cuál fue el pecado de Oswaldo? Entrevistar a los padres de una niña desaparecida.
El 29 de agosto de 2014, cuando entrevistaba a los padres de la niña, cinco hombres (líderes comunitarios y miembros de un comité de seguridad, con influencias en la zona) se llevaron a Oswaldo hasta una escuela, le ataron las manos y el cuello con un lazo, y lo patearon y golpearon a puñetazos. Sus captores le ordenaron que debía reconocer que él era uno de los secuestradores de la niña. Cuando él se negaba y les decía que era periodista, volvían a pegarle. Le decían que eso no les interesaba, lo insultaban y le decían que se iba a morir. Nadie sabe por qué se empeñaban en culparle. Su tortura duró cerca de seis horas, durante las cuales podía escuchar que una multitud se congregaba afuera de la escuela. Algunos gritaban que lo lincharan. Sus agresores gritaban de vuelta que les llevaran gasolina. En ese lapso, recibió varias llamadas telefónicas de sus colegas y familia, pero no lo dejaron contestar, o le ordenaban que les dijera que todo estaba bien. Los sujetos hasta telefonearon a la policía, para ordenarle que no interviniera.
Pero la insistencia de otros periodistas obligó a la policía a llegar y exigir que lo soltaran. Los hombres sólo lo hicieron hasta que Oswaldo se comprometió a firmar un documento donde los deslindaba de responsabilidad. La policía decomisó la motocicleta de Oswaldo por orden de los sujetos, y los policías hasta debieron mostrarles el documento que consignaba el decomiso. Le devolvieron la motocicleta hasta dos meses después, igual que uno de los dos celulares que sus agresores le quitaron.
Pese a las amenazas para que guardara silencio, Oswaldo denunció el caso al Ministerio Público. También identificó a sus captores. Cuando les detuvieron, Oswaldo supo que hubo gente aliviada, y que quienes habían sufrido delitos a manos de los detenidos, hasta entonces se animaron a denunciarles. Pero la contundencia de los hechos no evitó que el juez dejara en libertad bajo palabra a los responsables. Abrió el caso por detención ilegal y amenazas y demoró en anunciar si el caso iba a juicio. Cuando finalmente lo hizo, se negó a cambiar la tipificación del delito por el de Plagio y Tortura. Además, desestimó toda la evidencia de Oswaldo pero sí aceptó la de la defensa.
Oswaldo debió vivir y trabajar con la mirada sobre el hombro. Quería justicia y que el ataque en su contra no quedaba impune, aunque admite esto: “perdí la sensación de libertad que tenía”.
La decisión del juez ocurrió meses después que asesinaron a los tres periodistas. En dos de estos casos, fueron aprehendidos dos policías y un civil, pero todavía no hay indicios de los autores intelectuales. Otros dos asesinatos de periodistas en Jutiapa (al sureste de la capital) en 2013, permanecen impunes. Aún así, Oswaldo sigue buscando justicia. Su caso está registrado en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
De niño, hace casi dos décadas, Oswaldo jugaba a ser periodista. No lo detenía el hecho de que debía caminar una hora y media para llegar a la escuela. Vivía en una zona pobre. La falta de recursos le impidió estudiar la carrera, y debió convertirse en maestro. Pero no desistió hasta que acabó frente al micrófono. Se hizo periodista. Ahora, no piensa dejar de serlo. Sabe que cuanto está en juego no es sólo su empleo.