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No hay un razonamiento jurídico que explique por qué la ley federal de quiebras deja a Puerto Rico, y otros territorios de EEUU, sin la posibilidad de acogerse a este procedimiento. Y es un error. Enmendarlo es un deber de los legisladores en Washington para lograr que las municipalidades de la isla tengan los mismos derechos que las del resto del país.
Sin la posibilidad de acogerse a la bancarrota como lo hizo Detroit, por ejemplo, es muy difícil negociar con los acreedores una rebaja de la deuda como se suele hacer en estos procesos. Y Puerto Rico necesita aliviar los más de $72,000 millones que debe porque con una economía en crisis desde hace años y pocas salidas reales para volver a un crecimiento sostenido, no se puede hacer frente a tan elevada obligación de pago.
La alternativa esbozada en el plan que ex economistas del FMI han planteado a favor de los hedge funds acreedores pasa por duras recetas de austeridad económica que todavía no se ha demostrado que sea la fórmula que sane ninguna economía. Recortes de gastos del Gobierno, sobre todo en educación, y subidas de impuestos permitirán el pago de la deuda pero empobrecerán durante décadas a Puerto Rico y a sus ciudadanos, todos ellos estadounidenses.
Las bancarrotas no cuestan dinero a los contribuyentes. Son unos procesos dolorosos para los endeudados que en cualquier caso van a tener que sufrir por más que tengan herramientas para rebajar sus obligaciones en cierta medida. Confundir a los ciudadanos con la palabra bail out o rescate cuando se habla de incluir a Puerto Rico en la ley de quiebras es engañoso y solo ayuda a unos acreedores inflexibles a los que los problemas financieros de la isla no puede haber sorprendido porque vienen de lejos y los hedge funds son inversionistas muy sofisticados con importantes recurosos para analizar sus riesgos.
Puerto Rico, el territorio más latino de EEUU, necesita unas reglas justas del juego que pasen por el fin de unas leyes de cabotaje que encarecen sus importaciones, unos reembolsos similares al resto del país para los programas del Medicare y Medicaid y sobre todo su inclusión en la ley de quiebras para tener a su disposición las mismas herramientas que tuvo Detroit para reorganizar su deuda.
