Ofelia Torres no ha logrado obtener un estatus migratorio desde que llegó a este país en 2001.
Mientras que Rosa Pardo, quien vino de Michoacán hace 20 años, goza de una residencia legal.
Ambas viven en Bell y, a pesar de que su situación migratoria es distinta, comparten la “tranquilidad” de estar en el sureste del condado de Los Ángeles, una región considerada “santuario” por adoptar a lo largo de los años políticas locales que protegen a los muchos indocumentados que están allí.
“Nos sentimos como en casa, sin miedo de que vengan y nos deporten”, dice Torres, de 41 años.
“Aún teniendo la residencia no me siento a gusto en otro lugar, porque las leyes han cambiado y tienes peligro de que te la quiten”, comenta -por su parte- Pardo, de 51 años y madre de dos.
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El caso de Huntington Park
El ejemplo más reciente del ambiente proinmigrante que se respira en esta zona es la designación de dos indocumentados para comisiones del gobierno de Huntington Park, convirtiéndole en la primera ciudad de Estados Unidos que acepta la asesoría de personas sin documentos.
“Va a ayudar a todos los residentes”, celebró el concejal Johnny Pineda, quien los postuló.
Pero las acciones a favor de los “sin papeles” se han visto en esta región -con la mayor concentración de latinos del país (95% del total de los habitantes)- desde hace mucho tiempo, incluso antes que la “liberal”, influyente y poderosa Alcaldía de Los Ángeles.
Bell Gardens y los conductores indocumentados
A finales de septiembre de 2007, el Cabildo de Bell Gardens adoptó una ley que permitió a los choferes sin licencia (por carecer de papeles) recuperar sus autos decomisados antes del castigo regular de 30 días en el corralón. La Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió un protocolo similar cinco años después.
Maywood y Cudahy, en tanto, se han declarado “Ciudades Santuario”, imitando una resolución que San Francisco aprobó en 1989 y ratificó en 2007 para no cooperar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Así se desmarcaron de la máquina de deportación masiva, algo que no ha hecho Los Ángeles.
“Cudahy no va a gastar un centavo cooperando en las deportaciones”, dijo hace unas semanas Chris García, alcalde de esa localidad, donde entre el 15% y 20% de sus habitantes son indocumentados.
Mientras el Sheriff de Los Ángeles (no distanciados del todo de las expulsiones), que patrulla ambas ciudades, duda que la resolución “afecte” sus procedimientos y políticas.
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ICE lo considera una acción inapropiada
“Las políticas de santuario, oficiales o no, suponen una amenaza potencial al proporcionar un ‘refugio seguro’ a criminales violentos y terroristas potenciales”, advirtió la agencia.
La Policía de Bell, asimismo, ha declarado su intención de no colaborar con ICE. “Nosotros no vamos a deportar gente, ese no es nuestro trabajo”, subrayó su nuevo jefe Edmond Dadisho.
Varios de estos municipios han pedido al Congreso que apruebe una reforma migratoria.
Y un senador estatal que representa a dicha región, Ricardo Lara, ha promovido iniciativas que benefician a los migrantes, como la SB10, que daría la oportunidad a unos 390,000 indocumentados de obtener cobertura de salud; y la SB1159, por la cual las personas sin papeles ya obtienen permisos para ejercer 40 profesiones y oficios, como médico, dentista, barbero y jardinero.
“Se trata de hacer lo correcto por las personas que han estudiado, se han sacrificado y dominan sus profesiones, pero son incapaces de practicar su oficio debido a su estatus migratorio”, declaró Lara, de Bell Gardens y cuyos padres estuvieron en cierto momento ilegalmente en este país.
Para Ali Saleh, alcalde de Bell, una de las pocas alcaldías que salieron en defensa de los menores que desde el año pasado llegaron a EEUU huyendo de la violencia y pobreza de Centroamérica (aunque no se concretó la apertura de un refugio del Salvation Army ahí por la falta de fondos federales), el sureste de Los Ángeles es un ejemplo a seguir para todo el país.
“Todas estas acciones no sólo deben ocurrir aquí, sino donde haya migrantes”, dijo Saleh.
‘Ahora es más duro ser indocumentado’
Hablar de los 11 millones de indocumentados en este país es un asunto personal para Nestor Valencia, edil de Bell. Él cruzó ilegalmente la frontera a los 3 años de edad y vivió así, sin papeles, ocho años.
Su padre fue deportado en tres ocasiones, aunque siempre regresó a Los Ángeles, su hogar adoptivo. Era la época previa a la seguridad extrema en las rutas migratorias entre México y Estados Unidos.
“Me decían ‘wetback’ [espalda mojada] y uno se siente menos, porque quizás te dicen la verdad, sabes que estás ilegalmente y que tus padres también”, relató el exalcalde de Bell.
Valencia, quien nació en Jalisco hace 50 años, compara que a pesar de que ahora hay más activismo y se han promulgado leyes favorables (permisos de trabajo para estudiantes y licencias de manejo) las cosas siguen siendo complicadas para los indocumentados.
“En aquel entonces mis papás ponían un papel, esperaban y había un documento al final; ahora no”.
Para el concejal, la temporada preelectoral hacia la Casa Blanca pone en el limbo a los “sin papeles”. Por un lado, los demócratas no tienen la mayoría en el Congreso y no han desvelado sus planes migratorios; y, por otro, está el aspirante republicano Donald Trump, quien pide deportaciones masivas.
“No hay esperanza nacional de que se les vaya a dar algo”, lamentó el edil. “¿Quieren más sangre y sudor? Ya están aquí, son muchos, hay que darles dignidad”, dijo.
