Por Ben Valdepena, vicepresidente de la Asociación de Empleados de Escuelas Públicas de California
En su incesante esfuerzo para introducir a la fuerza viejas ideas políticas a un público escéptico, los detractores de las pensiones han regresado para debilitar la seguridad de las pensiones de jubilación de millones de familias trabajadoras.
Con el nombre orwelliano de “Ley de empoderamiento de los electores” (“Voter Empowerment Act”), el exalcalde de San José, Chuck Reed, el exconcejal de San Diego, Carl DeMaio, y su séquito anti-pensiones proponen nada más y nada menos que aniquilar el sistema de pensiones de los empleados públicos: uno de los últimos bastiones de la seguridad económica de la clase media.
Intentan vender su propuesta bajo la falsa premisa de que se trata de un posible recorte en las pensiones para los nuevos empleados. La realidad es que podría recortar o eliminar las pensiones de los empleados actuales por su futuro trabajo.
Esta propuesta intenta eliminar protecciones consagradas en la Constitución del estado y permite a los gobiernos incumplir las promesas asumidas frente a los maestros, las enfermeras, los bomberos y demás empleados públicos cuando fueron contratados y, básicamente, reescribir sus beneficios sin negociación ni compensación alguna.
Muchos empleados públicos toman decisiones financieras a largo plazo en función de las promesas que les fueron hechas al momento de su contratación.
Lo cierto es que más allá de la presión constante ejercida por los generadores del miedo, los gobiernos estatales y locales ya han tomado medidas para apuntalar sus sistemas de pensiones.
En 2011, el gobernador Jerry Brown y la Legislatura, aprobaron cambios significativos en las pensiones que aumentaban la edad jubilatoria para los nuevos trabajadores y requerían que todos los empleados contribuyan un porcentaje mayor de su propio retiro.
La pensión promedio de un empleado público es de aproximadamente 2,500 dólares por mes y actualmente cada empleado nuevo debe pagar la mitad del costo normal de estos beneficios.
Esta medida eliminaría las pensiones con beneficios definidos para los nuevos empleados contratados luego del 1 de enero de 2019, quienes sólo podrían optar entre planes del tipo 401(k) o nada en absoluto, a menos que un voto del electorado restaure los beneficios.
También elimina los beneficios actuales por fallecimiento y discapacidad para los nuevos policías, bomberos y demás empleados públicos.
Los electores son más inteligentes de lo que Reed y DeMaio creen. Su último ataque a la seguridad de las pensiones por retiro de la clase media se verá por lo que es: un cínico intento de romper las promesas fundamentales realizadas a las familias trabajadoras.
