La impunidad azota a México durante tres décadas

La impunidad azota a México durante tres décadas
Ayotzinapa exige justicia por la desaparición de los 43 estudiantes.

CIUDAD de MÉXICO – Los casos fueron conocidos en todo el mundo: los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por autoridades municipales y narcotraficantes; los 48 niños muertos durante un incendio de la guardería ABC en Sonora por negligencia o los 65 mineros enterrados vivos por la explosión de una mina que operaba sin seguridad en Pasta de Conchos, Coahuila… pero siguen sin justicia.

La matanza de 17 indígenas en Aguas Blancas, Guerrero; los 73 migrantes asesinados en San Fernando; las más de 70,000 muertes violentas en el pasado sexenio y hasta el conflicto de intereses por la compra de una casa de la esposa del presidente Enrique Peña también se suman a esa lista de escándalos sin resolver que asoman como la punta del gran iceberg de impunidad.

La falta de justicia en México, según el más reciente estudio del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, es el 98% desde hace 30 añosSólo dos de cada 100 delitos son resueltos en este país que durante décadas ha invertido millones de dólares para mejorar su sistema de justicia, y, sin embargo, sigue enviando el mismo mensaje, dice la activista Isabel Miranda, de Alto al Secuestro: “Aquí se puede delinquir sin consecuencias”.

Ella misma tuvo que tomar en sus manos el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace, en 2005, ante la inacción y corrupción de las autoridades. Ella misma reconoce que tuvo que sobornar a agentes del ministerio público, disfrazarse para perseguir al ex policía que urdió el plagio y hasta buscar a otras víctimas para que éste jamás saliera de la cárcel.

“Si hubiera esperado a que el MP investigara, César Freyre -el asesino- seguiría secuestrando y matando gente”.

Miranda representa el 1% de los mexicanos que toma la investigación por su cuenta; el resto, se ve limitado por la falta de dinero (“hay que invertir mucho”) o desconocimiento de los procesos; por miedo o porque los respectivos ministerios públicos se los impiden. “Desaparecen pruebas, extravían expedientes, dan largas o simplemente no reciben ninguna evidencia porque alguien les paga para que la averiguación no proceda”, dice Javier Monroy, del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Guerrero.

La corrupción y malas prácticas de los policías investigadores han convertido a la millonaria inversión y esfuerzo contra la impunidad (sólo EEUU ha invertido en México a través de la Iniciativa Mérida $1200 millones desde 2007) en un gasto prácticamente inútil matizado con esporádicos casos exitosos de justicia que son la excepción, no la regla, como la reciente condena a 31 años de prisión del militar Danny Hernández por el delito de desaparición forzada.

“Lo que creemos es que México no necesita invertir cada vez más recursos policíacos, sino en los procesos que garanticen la efectividad de las acciones”, observó Luis Ernesto Derbez, investigador de la Universidad de las Américas y coautor del Índice de Impunidad Global (IGI).

IGI ubicó a México en segundo lugar mundial de impunidad sólo por debajo de Turquía, entre los países que tienen datos para medir los índices.

Una inversión inteligente, cita por ejemplo, sería aumentar el número de jueces, porque México cuenta con solo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes (frente al promedio mundial de 17) y esto repercute en la sobrepoblación carcelaria porque el 46% de los presos están ahí sin tener una sentencia.

México apostó en 2008 por una Reforma Penal que cambiaría, en los siguientes ocho años, los anticuados juicios por escritos por un sistema de justicia oral que pretende evitar situaciones tales como la desaparición de pruebas, testimonios, compra de ministerios o jueces que tanto se han documentado en los últimos años de lucha contra el crimen organizado, principalmente.

Sin embargo, a un año de cumplirse el plazo, sólo seis de los 32 estados cuentan actualmente con los juicios orales funcionando al 100%: Chihuahua, Durango, Nuevo León, Yucatán, Distrito Federal y Estado de México. Otras dos entidades -Sonora y Baja California Sur- ni siquiera han comenzado.