Dos cárteles, “El Chapo” y un centenar de células: el verdadero reto de EPN

Se mostró autocomplaciente en materia de seguridad y narcotráfico

Miembro de las fuerzas armadas en su lucha contra las drogas.

Miembro de las fuerzas armadas en su lucha contra las drogas.  Crédito: Getty Images

MÉXICO

El presidente Enrique Peña Nieto atajó cualquier crítica que pudiera manchar el ritual del Informe de Gobierno y durante su discurso frente a políticos e invitados amigos en el que habló sobre el estado de la Nación en el tercer año de su mandato se mostró autocomplaciente en materia de seguridad y narcotráfico.

Recordó la fuga del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán sin mencionarla: “El Estado mexicano está haciendo uso de todas sus capacidades para localizar y llevar ante la justicia a quienes están evadidos de ella”; dijo que combatir el crimen va “más allá de detener a los criminales”, que los homicidios se redujeron un 24% y que está atacando las capacidades operativas y financieras  de los delincuentes.

Pero más allá del  discurso oficial, activistas y organizaciones civiles, observaron un México muy distinto, más oscuro y  con retos importantes para los próximos tres años relacionados con corrupción, impunidad y el empoderamiento de dos cárteles.

El narcotráfico

El Cartel de Sinaloa nunca dejó de crecer ni dentro ni fuera de México aún con “El Chapo” en prisión y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encumbró durante el mandato de Peña como uno de los más poderosos en el trasiego de drogas, narcomenudeo, secuestros y extorsiones.

“Ambos grupos han incursionado en delitos más allá del narcotráfico y afectan a la población civil con grupos armados que roban, cobran derecho de piso y hacen levantones contra los que no hay autoridad que valga”, observa José Antonio Ortega, director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. “Recordemos que en mayo pasado dieron una demostración de fuerza derribando un helicóptero de las Fuerzas Armadas”.

La voluntad política para vencer a estos últimos, observa Gerardo Rodríguez, analista de la Universidad de las Américas (UDLA) incluye crear los mecanismos necesarios para que los gobernadores sean sometidos a rendición de cuentas y escrutinio en sus respectivas administraciones donde operan como señores feudales manipulando la justicia y la seguridad.

“Llevamos años exigiendo que se profesionalice y arme a las policías, pero no se hace porque los gobernadores desvían los recursos para otros fines en lugar de utilizarse para evaluar y equipar a las fuerzas de seguridad”.

Esta debilidad institucional permite que regiones completas en el país queden a merced de diversos tipos de grupos criminales, desde los grandes cárteles hasta pequeñas células que se pasean por las calles a sus anchas, presumiendo armamento e intimidando a la población.

El pasado 26 de agosto, el ejército decomisó en el turístico Puerto Vallarta, un arsenal con tres cargas de explosivos, 30 pistolas, 12 rifles, 118 cargadores y 6,658 cartuchos de diversos calibres en un sedan cuyo conductor se dio a la fuga cuando se vio impotente frente al número de soldados.

“Las células que han quedado descabezadas son también otro problema en el país porque el descabezamiento de un grupo favorece a otro y al final todos pelean por pequeños territorios”, agrega Rodríguez.

En tales casos, se encuentran los estados de  Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Colima y las fronteras.

“Se deben atacar las bases financieras: son muy pocos golpes de inteligencia y sentencias contra lavado de dinero y vienen principalmente desde Estados Unidos”, observa Ortega.

“El Chapo”

Joaquín “El Chapo” Guzmán es el talón de Aquiles del presidente. En los últimos meses vio caer su popularidad hasta sus niveles más bajos tras la vergonzosa fuga del capo a través de un túnel construido hasta su celda.

Fue un furo golpe: en unas horas pasó de ser el mandatario que recapturó a uno de los delincuentes más buscado del mundo al gobernante que se le volvió a escapar de un penal de alta seguridad en julio pasado, aparentemente por corrupción o, al menos, eso ha revelado las primeras pesquizas.

Las ocho personas detenidos –de quienes se desconocen los nombres- son funcionarios del penal del Altiplano, en el Estado de México, donde Guzmán se encontraba detenido, y son parte de una “red de corrupción” informó la Procuraduría General de la República.

Crisis de credibilidad

El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció desde Palacio Nacional que su gobierno vive una crisis de credibilidad y que, por distintos eventos –entre ellos los cuestionamientos por corrupción o conflicto de interés–, hay indignación y molestia social. Ofreció, y le aplaudieron, que no habrá nuevos impuestos: “El gobierno tiene que gastar menos y gastar mejor”.

Pero dijo que, a mitad del camino, no es para empezar de cero sino para realizar ajustes y consolidar sus reformas. “Continuaremos edificando sobre las bases que hemos cimentado en la primera mitad”, expresó. “Hoy puedo decir, de frente a la Nación, que estamos cumpliendo”.

Aprovechó el espacio para lanzarse contra “la intolerancia, la demagogia y el populismo”. Dijo que fomentan el odio. Reconoció que “hay frustración y pesimismo” y alertó de que, en ese ambiente de incertidumbre, “el riesgo es que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades encuentren salidas falsas. Me refiero al riesgo de creer que la demagogia, la intolerancia o el populismo son las soluciones”.

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