Editorial: Las cámaras del LAPD

La publicación de los videos no debe estar a la discreción de la policía
Editorial: Las cámaras del LAPD

El propósito principal de las cámaras de video vestidas por la policía es proveer transparencia, en un momento en que la credibilidad de las acciones policiales están en su nivel más bajo en más de dos décadas. Las cámaras deben registrar el abuso de autoridad de un agente del orden como al individuo que quiere aprovechar un incidente con un policía para denunciar un  maltrato que nunca existió. Todo depende de las normas que rijan el uso de los videos y ese es el problema.

Los esfuerzos en Sacramento para establecer una regla estatal, como la que rige en Oakland, que prohiba al oficial involucrado en caso de violencia ver el video antes de dar un relato inicial de lo ocurrido o redactar su reporte, fueron derrotados por la presión de las agencias policiales y sindicatos. Ellos quieren que cada departamento de policía establezca sus propias normas en el manejo de los videos, esto quiere decir que el nivel de transparencia queda a criterio de  la misma policía local.

Esto nos preocupa ahora que se están distribuyendo cámaras dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esta muy bien la norma impuesta por el Jefe Charlie Beck que toma en cuenta la necesidad de proteger la privacidad, por ejemplo de un denunciante de violencia doméstica, pero también establece que un agente protagonista de un hecho controvertido  pueda revisar el video antes de hacer su reporte.

Lo peor es que tanto Beck como el alcalde Garcetti mezclen estos temas muy distintos, la necesidad de privacidad del individuo con la supervisión del accionar de los agentes, para justificar una política de no dar hacer públicos los videos. En la práctica, eso deja básicamente la decisión a la discreción del Jefe Beck y del LAPD.

Eso es insuficiente. Precisamente las acciones dentro del LAPD, desde la rotura de antenas en patrulleros por parte de policías para no ser monitoreados, a la impresión de favoritismo en el sistema disciplinario y los millones de dólares que cuestan a los contribuyentes las demandas por abuso policial, son un problema. El que la transparencia de los videos quede en manos del LAPD da motivos de desconfianza.