Latinos denuncian al fiscal de Denver por no investigar abuso de reclusos

En junio pasado, tras conocerse la decisión de Morrissey de no acusar a los dos policías responsables por la muerte en enero de 2015 de "Jessie" Hernández, una latina de 17 años que estaba desarmada, se formó una coalición para pedir la destitución del fiscal

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Crédito: EFE

El Foro Latino de Colorado (CLF) denunció hoy al fiscal de Denver, Mitchell R. Morrissey, por no investigar casos de supuesto abuso de reclusos en las cárceles locales y urgió al funcionario a iniciar esas investigaciones antes de que venza el plazo legal para hacerlo.
“Mientras que la oficina del alcalde aún continúa buscando a un nuevo alguacil, con mínimas consultas de la comunidad, la oficina del fiscal de distrito actúa como si nada sucediese y no investiga actos de violencia por parte de las fuerzas del orden”, dice el comunicado del CLF enviado a Efe por Mandy Nunez, portavoz de esa organización.
Se trata del mismo fiscal que tampoco hizo justicia al exonerar de cargos a los oficiales del Departamento de Policía de Denver responsables por las muertes de varios civiles, incluyendo a Jessica Hernández, Ryan Ronquillo, Joseph Valverde y Marvin Booker”, expresa el documento.
Morrissey fue electo en noviembre de 2004, asumió su puesto en enero de 2005 y fue reelegido en 2008 y 2012. Debido a las leyes vigentes, ya no podrá presentarse a la reelección en 2016.
En junio pasado, tras conocerse la decisión de Morrissey de no acusar a los dos policías responsables por la muerte en enero de 2015 de “Jessie” Hernández, una adolescente hispana de 17 años que estaba desarmada, se formó una coalición para pedir la destitución del fiscal.
La coalición, en la que estuvo el CLF, se organizó porque en los once años en su puesto Morrissey no presentó cargos contra ninguno de los miembros de las fuerzas del orden acusados de uso excesivo de fuerza o de homicidio.
La campaña sólo reunió 20,000 de las 54,000 firmas que necesitaba para someter el tema a votación popular.
Como respuesta, el CLF y otras organizaciones defensoras de los derechos civiles, incluyendo a Black Lives Matter 5280, la Coalición Progresista de Colorado y la filial en Denver de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP), cambiaron su estrategia y denunciaron al fiscal de Denver por “descarado incumplimiento” de su deber de investigar casos de presunto uso excesivo de fuerza.
El caso más grave involucrando a personal de cárceles ocurrió el 11 de septiembre de 2012 cuando el afroamericano Anthony Waller estaba esposado en una corte de Denver y, por motivos aún no aclarados, fue atacado por un alguacil, recibiendo severas heridas.
Según el abogado de Waller, Kenneth Padilla (de larga trayectoria representando a víctimas de presunto abuso policial en Denver), el alguacil responsable de la golpiza podría evitar la justicia ya que quedan muy pocos días para que se presenten cargos en su contra.
Por eso, “Denver necesita una reforma de su fiscalía”, sostiene el Foro Latino.

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