Médicos permiten encarcelamiento de menores en centros de ICE

WASHINGTON, D.C. – Los médicos a sueldo del gobierno federal están permitiendo el continuo encierro de menores en los centros de detención de inmigrantes, según denunciaron este jueves activistas que renovaron su llamado a cerrar esos centros.

La firma legal Amoachi & Johnson, PLLC, publicó el lunes pasado una lista de diez pediatras, un farmacéutico y asistentes médicos, incluyendo a cinco hispanos, que, a su juicio, sirven de cómplices porque “hacen posible el encarcelamiento de infantes y niños”.

El bufete legal ha prometido publicar pronto una lista de enfermeras que, según el grupo, colaboran en el encarcelamiento de los menores en los tres centros de detención a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El problema no es la presencia en sí de los médicos en las instalaciones –todo sistema penitenciario o de detenciones debe tener personal médico- sino que éstos, al rellenar las evaluaciones médicas de los menores para determinar si necesitan tratamiento, se presten a dar luz verde a su encierro.

“Hay una diferencia entre detener a un niño y detener a un adulto, porque los niños corren más riesgos cuando están en los centros detención para familias”, explicó a este diario el abogado Bryan Johnson, autor de la lista de médicos, y quien ha representado a menores que sufrieron graves enfermedades en los centros.

“En los archivos, se puede ver que los médicos marcan una casilla que da luz verde a la detención de los menores. El papel principal de un doctor es velar por los intereses de sus pacientes… solo están ofreciendo cuidados de emergencia –no preventivos– y lo que deberían estar recomendando es su puesta en libertad”, enfatizó.

Los médicos contratados por ICE reciben un buen salario –en el centro de detención en Dilley (Texas) ganan $230,000 al año–, un apartamento amueblado cercano a la instalación, y reembolso por gastos de comida y transporte, entre otros beneficios.

Todos están bajo la supervisión de Jon R. Krohmer, otro médico contratado por ICE que, según esta página web de la agencia, “toma muy en serio” el cuidado médico de los inmigrantes bajo su custodia.

Consultado sobre la queja de Johnson, un funcionario de ICE, que pidió el anonimato, explicó a este diario que los médicos han sido contratados “para evaluar las necesidades médicas de los detenidos, no para tomar decisiones políticas”.

“Su labor es evaluar a cada detenido, determinar si tienen problemas médicos, qué tratamiento necesitan y dónde proveerlo. Algunos de estos detenidos reciben por primera vez un diagnóstico médico”, afirmó el funcionario, al reiterar que ICE ofrece a las  madres y niños acceso a cuidado médico, consejería legal, y otros servicios sociales.

Los pediatras presionan al DHS

Desde la crisis humanitaria en la frontera sur en 2014, la Academia de Pediatría Estadounidense (AAP, por su sigla en inglés), que representa a 64,000 pediatras en todo EEUU, ha expresado su profunda preocupación por la salud y bienestar de los menores.

El pasado 24 de julio, la doctora y presidenta de AAP, Sandra G. Hassink, envió una carta al secretario del DHS, Jeh Johnson, pidiéndole que adopte “más políticas de protección para los menores” centroamericanos, “que han estado expuestos a indecible violencia y trauma”.

Hassink también ha ofrecido ayuda al DHS para elaborar mejores prácticas en beneficio de los niños, además de que exige que éstos tengan acceso a todos los servicios que necesiten.

Campaña permanente contra detención de madres y niños

Respaldados por líderes demócratas del Congreso, grupos humanitarios, cívicos, religiosos, sindicalistas y comunitarios de todo EEUU mantienen una campaña de presión para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cese la práctica de detener a madres y niños centroamericanos que han solicitado asilo.

En declaraciones a este diario, Karen Siciliano Lucas, subdirectora de programas de abogacía de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), recordó que, junto a la organización CARA, ambos grupos han documentado “un cuidado médico peligrosamente inadecuado” en los tres centros de detención para familias.

“Todo esto se añade a la montaña de pruebas de que se debe poner fin a la detención de familias. Es un error el encarcelar a niños ya aterrorizados y a sus madres, que han huido una violencia indecible para buscar refugio acá”, afirmó.

La solución, agregó, no es entregar “millones de dólares de los contribuyentes” a empresas de prisiones privadas sino “invertir en alternativas comunitarias…  y cerrar este vergonzoso capítulo en la historia de nuestra nación”.

Por su parte, Lindsay Harris, del American Immigration Council (AIC), señaló que, contrariando las propias normas de ICE, los niños no siempre son examinados por un médico en un plazo de 24 horas después de llegar al centro de detención.

“Los niños y sus madres con frecuencia tienen que esperar muchas horas incluso cuando tienen una cita médica, y el cuidado que recibe es terriblemente inadecuado. Junto con nuestros socios, presentamos quejas al DHS en julio documentando estas condiciones… esto es solo la punta del iceberg, y seguimos viendo condiciones médicas deplorables”, dijo Harris.

AILA y otros grupos han denunciado ante el Congreso tanto los abusos en los centros de detención como las secuelas del continuo encierro de los menores, además de que han presentado demandas contra el DHS, al que han acusado de violar el llamado “Acuerdo Flores”, que prohíbe la detención de menores inmigrantes.

En julio pasado, la jueza federal, Dolly Gee, les dio la razón, y ha exigido la puesta en libertad de los menores.