José Salazar se ha convertido en el nuevo símbolo de los estudiantes indocumentados en California que no dejan de luchar para tener plenos derechos en sus escuelas y en otros ámbitos.
Salazar, nacido en Sonora hace 26 años, es el primer indocumentado que preside el cuerpo estudiantil de la Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB), pero él no puede recibir una remuneración de unos 2,000 dólares mensuales por carecer de un estatus migratorio.
El alumno de ingeniería espacial aún espera la aprobación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una orden ejecutiva que le abrió las puertas de universidades y del mercado laboral a unos 700,000 indocumentados que siendo niños fueron traídos a este país.
A Salazar no le preguntaron su condición legal cuando compitió y ganó el cargo que ahora tiene.
“Mi objetivo es que cambie una política de Cal State Long Beach para que estudiantes indocumentados, sin importar su país de origen o raza, sean recompensados por su trabajo”, dijo Salazar, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad.
Un vocero de la universidad indicó que desde mayo están ayudando al estudiante para tratar de acelerar su solicitud a DACA, sin embargo podrían pasar semanas hasta que ésta sea aceptada.
Le pagarán cuando tenga su seguro social
“José no sabía que necesitaba el estatus antes de ser electo”, señaló un portavoz de la escuela y explicó que el dirigente estudiantil recibirá un pago por su labor hasta que tenga un número de seguro social a través de DACA, por la normativa del instituto.
El plantel explicó que otra alumna, Miriam Hernández, es vicepresidenta del mismo cuerpo estudiantil, aunque ella sí recibe dicho estipendio porque es beneficiaria de la llamada Acción Diferida.
“Eso muestra la situación ante la cual estamos”, señaló el vocero de CSULB.
La universidad no comentó sobre la petición de modificar sus normas y permitir que se pague a sus alumnos sin distinguir su situación migratoria.
“Esperamos que podamos poner presión en la institución para que cambie sus políticas y no tengan a ningún grupo al que no le dan un beneficio”, mencionó Salazar.
El joven es también uno de los líderes del centro para estudiantes indocumentados –los llamados DREAMers o soñadores- de esa universidad y no deja de abogar por el resto de sus compañeros en reuniones con académicos, administradores y dirigentes estatales.
Esta labor merece un pago, afirma Salazar. “Ese dinero me ayudaría para vivir, para necesidades que tiene uno, para ayudar a la familia, para transporte, para comida”.
Como Salazar, unos 100,000 jóvenes angelinos esperan la aprobación de DACA o aún no lo han solicitado, siendo el costo del trámite y la falta de información los principales impedimentos, según activistas.
