Gobierno mexicano financiará millonaria investigación de la OEA en Ayotzinapa

El GIEI lo integran cinco personas de larga trayectoria a favor de los derechos humanos en América Latina
Gobierno mexicano financiará millonaria investigación de la OEA en Ayotzinapa

MÉXICO – El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  que puso en duda la versión de las autoridades de justicia del país que dio por muertos a los 43 normalistas de Ayotzinapa se quedará al menos otros seis meses en el país y recibirá un millón de dólares más para sumar dos millones de gastos financiados por el propio gobierno de México.

Los dineros son destinados para los pasajes aéreos y de todo tipo; hoteles y comidas que puedan generar los cinco integrantes designados por la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) a una investigación “de estándares internacionales” que revele lo que pasó durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente.

El GIEI está integrado por cinco personas de larga trayectoria a favor de los derechos humanos en América Latina: Claudia Paz, la primera mujer fiscal que tuvo Guatemala; Carlos Beristain, psicólogo que integró el informe guatemalteco “Nunca Más”; Alejandro Valencia, quien fue parte de la comisión de la verdad en Ecuador, Paraguay y Perú; Francisco Fox, pieza clave en la extradición a Chile del dictador Augusto Pinochet y “La Fiscal de Hierro” de Colombia, Angélica María Buitrago.

“Lo que haremos en adelante será una investigación más focalizada… quizás en el basurero”, explicó Emlio Rabasa, representante en México ante la OEA, quien reconoció abiertamente que las conclusiones que cuestionaron la “verdad histórica” del gobierno mexicano fueron financiadas por el propio Estado.

El GIEI concluyó un año después de los hechos ocurridos en Iguala -municipio del estado de Guerrero, en los que participaron policías locales aparentemente por órdenes de criminales organizados- que “no existen evidencias que apoyen la hipótesis de la PGR generada con base en testimonios de que los 43 cuerpos fueron cremados en el municipio de Cocula”, vecino de Iguala.

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