México – La primera vez que Leydy Pech escuchó la palabra “transgénico” la desgracia de 15,000 familias mayas de la península de Yucatán apenas comenzaba: Interpek Group, una empresa trasnacional de certificación de productos había encontrado 15 muestras de miel mexicana contaminada con organismos genéticamente modificados (transgénicos) y la Unión Europea comenzó a mermar la compra.
Después vendría lo demás: el incremento de casos de cáncer, hijos con malformaciones genéticas presuntamente por los pesticidas que caen desde las avionetas sobre las comunidades. “Nos están acabando”, dice.
Petch es miembro de uno de los colectivos mayas que sobrevivían felizmente de la apicultura y cuidado de las abejas hasta que en 2012 el gobierno mexicano otorgó a la compañía agroindustrial estadounidense Monsanto el permiso para cultivar 253,000 hectáreas de soya trasgénica en la Península de Yucatán, principalmente.
Las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente dieron luz verde al proyecto a pesar de que el Instituto Nacional de Ecología (INE) advirtió de los riesgos ambientales de arrasar con la vegetación selvática para integrar organismos transgénicos y, dos años después, permitieron a Monsanto seguir con los cultivos a pesar de que un juez de distrito dio la razón a los mayas en nueve juicios.
“La apicultura es nuestra vida, una herencia milenaria que vamos a defender con uñas y dientes”, advirtió la apicultora Angélica Ek Canché, en una conferencia de prensa donde no pudo contener el llanto.
Pech y Ek Canché viajaron desde el municipio de Holpelché, Campeche –uno de los más afectados- a la Ciudad de México para pelear en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por lo que consideran una violación a sus derechos como pueblo ancestral: los mayas no fueron consultados sobre la presencia de transgénicos aún cuando serían los afectados.
El mandato de consulta libre, previa, adecuada y culturalmente adecuada está contemplado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que México firmó en 1990. Además, el juez de distrito les había dado la razón, pero Monsanto se amparó y por eso fueron a dar a la Corte Suprema que deberá dar el veredicto final.
“El caso debería ser muy sencillo de resolver, pero el gobierno mexicano y las megaempresas hacen negocios sin importar los daños que pueden causar”, asegura Luis Miguel Cano, abogado de Litiga Olé, una de las organizaciones que apoyan a los grupos indígenas.
Europa es el principal mercado de miel mexicana de exportación que suma anualmente 50,000 toneladas y el anunció del hallazgo de polen contaminado ha sido un golpe duro debido a la tolerancia cero que tiene la comunidad del Viejo Continente con los transgénicos porque bajó la demanda un 15% y el precio del producto.
Un llamado a la opinión pública
La organización Greenpeace inició una campaña para que la Península de Yucatán sea declarada libre de organismos genéticamente modificados y por el derecho de los consumidores mexicanos para que por ley se obligue a las empresas a etiquetar los productos transgénicos.
