Emigran a EEUU… y les quitan casas y tierras en México

No es el primer caso que se registra entre las múltiples comunidades indígenas de Oaxaca
Emigran a EEUU… y les quitan casas y tierras en México
Catalina Manzano pelea en Oaxaca por su casa que le quieren quitar por la ley de usos y costumbres.

MÉXICO – Catalina Manzano y su esposo llegaron a un acuerdo: ella sería una emigrante en el Distrito Federal para darle una mejor educación a sus hijos y él a Los Ángeles para edificar una casa en el poblado indígena chinanteco de La Soledad, municipio de San Juan Lalana, donde ambos nacieron, invirtieron y… están a punto de perder su patrimonio porque la comunidad aplica la ley de usos y costumbres.

“¡Nos quieren quitar la casa!”, dijo Manzano a este diario apenas pudo tener señal telefónica desde la remota comunidad insertada en la montaña noroeste de Oaxaca donde no realizar un servicio social o dejar de pagar una cuota establecida en Asamblea comunal puede dejar a los pobladores con una mano adelante y otra atrás.

No es el primer caso que se registra entre las múltiples comunidades indígenas del estado. Rufino Domínguez, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), calcula que en los últimos años alrededor de 6,000 migrantes de la entidad han perdido casas, terrenos y todo tipo de bienes bajo estas condiciones legales.

Tras el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, el congreso mexicano reconoció el libre albedrío de las comunidades autónomas de regirse bajo sus propias leyes a pesar de que muchas de éstas violan acuerdos internacionales que México ha firmado para evitar atentar contra las garantías individuales.

“Hay una clara violación a los derechos humanos cuando se arrebata a los migrantes el producto de su esfuerzo y el cariño que demuestran al invertir y conservar sus propiedades en sus lugares de origen”, observa Domínguez.

Esto da pie a una controversia constitucional, pero hasta ahora ninguno de los afectados ha demandado y, en el gobierno del estado, hemos tratado de negociar con la gente de las comunidades, pero son muy necios y no aceptan nada”.

Catalina Manzano es víctima de esta posición en San Juan Lalana, hacia donde tuvo que salir intempestivamente, dejar su trabajo como limpiadora y nana en la Ciudad de México para defender su casa con todo el apoyo de su marido, impotente por no poder salir de EEUU por ser un indocumentado.

“Si no vienes ahora te la quitan”, le dijo su madre a Manzano.

La mujer dio la bendición a sus dos hijos, de 13 y 10 años, a quienes dejó encargados con sus hermanas, y emprendió el viaje de 12 horas hasta su pueblo natal donde ya la esperaba el comisario con una carta previamente redactada en la que ella aceptaba pagar una multa de alrededor de 1,000 dólares, renunciar a la propiedad de su casa y el destierro.

Todo porque durante unos años no pagaron la cuota de cooperación en la escuela (a donde no asisten sus hijos) y un trabajo comunal. “No es que no queramos hacerlo, es que es imposible venir hasta acá todas las veces que quieren”, explicó Catalina ante las autoridades. “Sí queremos pagar la multa, pero ellos quieren que no volvamos al pueblo así muera mi mamá”.

Por eso se negó a firmar el documento y, en consecuencia, la metieron presa durante 24 horas. Al salir y contactar este medio dijo desesperada: “No sé qué voy a hacer”.

Otros casos

Actualmente poco más de 250 migrantes de las comunidades de Santo Domingo Yodohino y San Juan Yumí que viven en Georgia, Florida, Dakota y California están a un paso de perder sus bienes, según el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante.

“Las autoridades comunales se ponen necios e inflexibles”, lamenta Dominguez, quien ha intentado mediar con las altas multas que quieren imponer a los indocumentados por no cumplir con los mandatos comunales aunque estén fuera. “Algunas veces acceden a bajar las cuotas, pero a veces quieren hasta 6,000 dólares o más para no confiscar las casas o tierras”.

Y lo peor es que la ley los protege.