Acuerdo presupuestario en Washington deja a Puerto Rico fuera de Ley de Quiebra

El principio de acuerdo alcanzado en Washington sobre el presupuesto del próximo ejercicio fiscal ha generado decepción en Puerto Rico, donde se pierden las esperanzas de que permita a la isla acogerse a la Ley federal de Quiebras.

“El proyecto presupuestario no incluye lenguaje que le permita a Puerto Rico reestructurar ninguna de sus deudas, como puede hacerlo cualquier estado -de EEUU-“, lamentó hoy el representante de la isla ante el Congreso en Washington, Pedro Pierluisi.

Resaltó que haber permitido a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras no le hubiera costado a los contribuyentes americanos “ni un centavo” y que la responsabilidad de no incluir a la isla caribeña llegó “exclusivamente del campo republicano”.

Líderes del Congreso de EEUU alcanzaron a última hora del martes un principio de acuerdo sobre el presupuesto federal para el próximo año fiscal que no incluyó mención alguna a la deuda de Puerto Rico, de cerca de $72,000 millones.

Analistas y prensa local mostraron hoy su decepción por lo ocurrido en Washington, que deja en una posición difícil al Ejecutivo puertorriqueño, cuyo gobernador, Alejandro García Padilla, está en la capital estadounidense con el objetivo de buscar una solución al acuciante problema de liquidez que padece la isla.

El Ejecutivo puertorriqueño trató hasta el último momento de presionar para que la isla pudiera acogerse a la normativa que permitiría la renegociación ordenada de la deuda bajo el amparo de la ley federal.

Legisladores demócratas se mostraron a favor de que Puerto Rico pudiera acogerse al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, mientras que los republicanos propusieron crear una junta de supervisión fiscal que controlara las finanzas de la isla. Finalmente, ninguna de esas propuestas se incluyó.

La prensa puertorriqueña señala hoy que los demócratas estadounidenses esperan que el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Paul Ryan, anuncie durante el primer trimestre de 2016 medidas para dar una solución a la crisis de este Estado Libre Asociado.

“Debido a que Puerto Rico es un territorio, el Congreso tiene prácticamente total poder sobre nosotros. Dependemos de la buena fe de hombres y mujeres que representan a los 50 estados. Muchas veces su benevolencia no llega”, lamentó Pierluisi.

Recordó en tono positivo que sí fue recogida en el presupuesto una mejora en los gastos para el programa para personas con bajos ingresos de Medicaid y unos bonos de Medicare -plan sanitario público para mayores de 65 años- a los médicos y centros sanitarios que informaticen la información médica.

Medios locales señalan que el presidente del Comité de Finanzas del Senado federal, Orrin Hatch, quien promovió la creación de la junta de supervisión y unas ayudas de $3,000 millones, trabaja para dotar en el futuro de ayuda financiera a la isla, aunque sin dar detalles de medidas concretas.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, dijo sobre la decisión de los congresistas en Washington de ignorar a la isla que hay “enemigos poderosos y adinerados” que buscan exprimir “hasta la última gota de sangre del pueblo”.

Lo ocurrido en Washington va más allá de la retórica, ya que el Gobierno local tiene graves problemas de liquidez.

El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Pedro Irene Maymí, se reunió esta semana con el director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia del Gobierno, Luis Cruz, quien, según el líder sindical, le comunicó que si el Gobierno abona la paga extraordinaria de Navidad el próximo día 20 no tendrá fondos para la quincena del 30 de diciembre.

La legisladora de origen puertorriqueño en la Cámara de Representantes Nydia Velázquez dijo por su parte que permitir a Puerto Rico cogerse a la Ley federal de Quiebras no hubiera costado un centavo al contribuyente estadounidense y evitaría una potencial crisis humanitaria.

Los problemas de liquidez han llegado también a la Universidad de Puerto Rico (UPR), cuyo presidente, Uroyoan Walker, anunció hoy que durante las próximas semanas no se realizará contratación o pago alguno para poder abonar la próxima nómina.

Los ojos están puestos ahora en enero, cuando vende deuda por valor de $902 millones, de los que $332 millones son del Fondo General, cuyo pago está garantizado por la Constitución local.

Está en el aire también el abono de la paga extraordinaria de Navidad, que asciende a $120 millones, y quedan por devolver miles de reintegros de la pasada declaración sobre la renta.