Buscan dar acceso a la ‘Migra’ en cárceles de California

Impulsores han recibido aprobación para recabar firmas en respaldo de una medida que requeriría a agencias locales y estatales reportar al servicio de inmigración a indocumentados que estén detenido

Personas que se oponen a la inmigración indocumentada han recibido aprobación de la oficina del secretario estatal para recabar firmas en respaldo de una medida que requeriría a agencias locales y estatales reportar a indocumentados que estén bajo custodia al servicio de inmigración.

De llegar a la boleta electoral y ser aprobada por los votantes, la iniciativa también impediría que las autoridades liberen a los indocumentados sobre los que hay un “hold” (una orden de retención por parte de las autoridades federales de inmigración).

Además, designaría a ciertos agentes del orden local y estatal para realizar tareas migratorias y prohibiría leyes o medidas estatales que prevengan la colaboración con leyes migratorias federales.

De hecho, impondría multas y castigos a agencias o agentes que adopten o implementen cualquier ley o medida que vaya en contra de la colaboración con la “Migra”.

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Activistas han luchado por frenar la colaboración entre el Sheriff de LA con ICE.

Aunque la medida supondría millones de dólares adicionales en gastos para el estado, los impulsores de la misma indican que esto se solventaría por un aumento en fondos federales por la colaboración.

Para que llegue a la boleta electoral de la elección de noviembre, los impulsores de la medida deberán recolectar 365,880 firmas de votantes registrados y presentarlas a más tardar el 5 de julio.

El Acta de Confianza

La medida va en contra del Acta de Confianza o Ley de Confianza (California Trust Act, SB 1081), que sólo permite que las policías entreguen a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) a los inmigrantes que tengan antecedentes criminales serios.

La ley Acta de Confianza, promulgada por el gobernador Jerry Brown tras ser aprobada por ambas cámaras de la Asamblea con apoyo bipartidista, limita las deportaciones exclusivamente para indocumentados peligrosos y con antecedentes criminales violentos.

La SB 1081 es la primera ley en su tipo que suspende la entrega automática de información sobre detenidos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigida por el programa Comunidades Seguras.