Activistas demandan a ICE por su programa policial contra indocumentados

DHS insiste en que "PEP" tiene en la mira solo a inmigrantes indocumentados peligrosos o con antecedentes penales

Durante años el movimiento proinmigrante ha protestado las detenciones obligatorias, las deportaciones y separaciones de familias.
Durante años el movimiento proinmigrante ha protestado las detenciones obligatorias, las deportaciones y separaciones de familias.
Foto: Shawn Thew / EFE

WASHINGTON.- Activistas de grupos proinmigrantes presentaron este martes una demanda contra el gobierno federal en busca de respuestas al controvertido “Programa de Prioridades Policiales” (PEP, en inglés) que, a su juicio, facilita la deportación de miles de inmigrantes centroamericanos indocumentados.

Mientras aumentan las presiones para que la Administración Obama frene la “maquinaria” de deportaciones de centroamericanos que huyen de la violencia y buscan refugio en este país, los activistas entablaron una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras nueve agencias federales para exigir respuestas sobre la aplicación de “PEP”, el programa que reemplazó a “Comunidades Seguras”.

Según explicó a la prensa Pablo Alvarado, activista de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), ICE está operando bajo un velo de misterio y, a su juicio, es hora de que muestre “transparencia y rendición de cuentas”.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Nueva York bajo una ley federal, conocida por su sigla en inglés “FOIA”, que permite a individuos y organizaciones obtener información sobre las operaciones del gobierno.

Los activistas señalaron que ya habían hecho una solicitud hace más de diez meses pero ICE no ha entregado un solo documento sobre “PEP” desde entonces.

En total, las diez agencias solo han divulgado cinco documentos, que tampoco ofrecen suficiente claridad sobre el programa policial.

En ese sentido, Angela Chan, directora de políticas del grupo “Asiáticos-Estadounidenses por el Avance de la Justicia”, acusó a la Casa Blanca de querer obligar a los gobiernos locales y estatales a participar en el nuevo programa de deportaciones “a través de la desinformación y promesas vacías”.

Danelly Bello, de una clínica de ayuda legal a inmigrantes en Washington, dijo que “Comunidades Seguras”, conocido en inglés como “S-COMM”, también tuvo problemas de falta de transparencia y suscitó un litigio que finalmente obligaron a su cancelación.

La clave, según Bello, es que el público quiere saber si “PEP” en realidad es una reforma y algo distinto a “Comunidades Seguras” o, si como temen los activistas, es simplemente un cambio de nombre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que “PEP” está enfocado en el arresto y deportación de indocumentados con antecedentes penales, sospechosos de terrorismo y que representen un peligro para la seguridad nacional.

La demanda se produjo en paralelo al anuncio del Tribunal Supremo de que estudiará el caso de la legalidad de los alivios migratorios anunciados en noviembre de 2014, que permanecen bajo cerrojo debido a una demanda de 26 estados.