Critican ausencia de reparación por las detenciones clandestinas de EEUU

Amnistía Internacional (AI) critica a Estados Unidos en su informe anual 2015 por no haber rendido cuentas, ni reparado los crímenes cometidos en el marco del programa de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En su informe de 2015, AI recuerda que decenas de detenidos permanecían bajo custodia militar indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, y destaca que el pasado septiembre, EEUU aceptó aproximadamente tres cuartas partes de las 343 recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Lamenta que EEUU dijese que respaldaba la petición de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo, la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Mujer, y la rendición de cuentas por torturas, pero al finalizar el año no se había puesto ninguna en práctica.

AI destaca igualmente que aunque EEUU afirmó que prohíbe la tortura o la desaparición forzada y que será perseguida, al acabar 2015 no se había adoptado ninguna medida para poner fin a la impunidad por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA.

Aquel programa funcionó bajo la autorización del entonces presidente George W. Bush.

Pese a esas proclamas, “a favor de la transparencia”, AI destaca que más de 12 meses después de que se hiciera público el resumen desclasificado del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU sobre el programa de la CIA, 6,700 páginas que detallaban el trato a cada detenido, seguía clasificado como alto secreto.

La mayoría de los detenidos, si no todos, habían sido sometidos a desaparición forzada y a condiciones de reclusión y/o técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Al terminar 2015, había 107 hombres recluidos en Guantánamo, la mayoría sin cargos ni juicio, asegura AI.

La ONG indica que al menos 43 personas murieron en 25 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la Policía, con lo que el total de fallecidos en esas circunstancias desde 2001 se elevó a al menos 670.

Y eso que la mayoría no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se recurrió al arma Taser.

Las autoridades no registraron la cifra exacta de personas muertas cada año a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero los cálculos oscilaban entre 458 y más de 1,000.

Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros.

Más de 35,000 menores de edad no acompañados y 34,000 familias fueron detenidos al cruzar la frontera sur en 2015 y aunque huían de la violencia muchas familias fueron detenidas durante meses mientras se procesaban sus solicitudes de permanencia en EEUU.