Puso sus esperanzas de legalizarse en un notario; ahora enfrenta la deportación

Este es un buen ejemplo de lo que sucede cuando inmigrantes deciden ver a proveedores de servicios no calificados en temas de migración
Puso sus esperanzas de legalizarse en un notario; ahora enfrenta la deportación
Desesperada por arreglar su situación migratoria, Cristina Hernández puso su caso en manos de un hombre que se hacía pasar por abogado pero ahora enfrenta una deportación. (foto suministrada).

Cristina Hernández no tenía dinero para pagar a un abogado de migración y estaba desesperada por arreglar su estatus migratorio.

Así que, como muchos otros lo han hecho, decidió poner su caso en manos de un notario y preparador de impuestos.  La mujer ahora segura que éste no la ayudó, pero sí la puso al borde de la deportación.

“No puedo dormir, tengo muchos problemas emocionales y económicos”, confiesa a La Opinión.

Hernández, madre de un hijo de 12 años, se casó en 2006 con un residente legal quien la solicitó a migración.

“Para eso fui a ver a la paralegal Sara Salcido pero ella nunca metió mis papeles y migración cerró mi caso”, cuenta.

Cristina Hernández
Cristina Hernández confió su proceso migratorio en un notario que asegura no le ayudó en su trámite. /Suministrada

Hispano Services

Desesperada se dirigió al negocio de notarios y preparación de impuestos Hispano Services con oficinas en el Valle de Coachella, Cathedral City y Palm Desert.

Asegura que la recibió Víctor Virueña quien presuntamente le dijo era abogado y podía arreglar su caso. Le cobró 2,880 dólares y la envió con dos terapistas que en total le cobraron 600 dólares.

“En 2013 le dije a Virueña que tenía problemas familiares en México y le pregunté si podía viajar. Me dijo que sí, pero me recomendó evitar el transporte público. Me hizo ver que iba a tener que ir a una audiencia en Ciudad Juárez y que me iba a conseguir un perdón”, recuerda.

Confiada salió del país en abril de 2013.

Durante su estancia en México sufrió un asalto y terminó hasta en el hospital por las lesiones que le ocasionaron sus atacantes. Asustada, decidió regresar a Estados Unidos en julio de 2014.

“Me entregué en la frontera, pedí asilo político y me encerraron por seis meses en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona”, narra.

Victor Pirueña, acusado de ofrecer sus servicios como abogado sin serlo, con frecuencia es invitado a programas de television. (foto tomada de Facebook)

Para poder salir libre, USCIS le cobraba una fianza de 7,000 dólares y como no tenía dinero, contrató a la compañía Nexus quien le pagó la garantía a cambio de ponerle un grillete electrónico por el que tiene que pagar 420 dólares cada mes. Hernández dejó el Centro de Detención de Eloy, Arizona en febrero de 2015.

“Cuando fui a buscar a Virueña para enfrentarlo y pedirle mi expediente me miró todo espantado, como si hubiera visto un fantasma”, comenta.

“No sabe lo que batallé para que me diera mi expediente. ¡Qué no lo encontraba, me decía!”.

Ahora esta madre de familia se lamenta una y otra vez de haberlo consultado. “Nomás quieren nuestro dinero”, denuncia.

La abogada en inmigración Rosa Elena Sahagún quien tomó el caso de Cristina Hernández presentó una demanda por fraude, negligencia y daños emocionales contra Virueña en la Corte Superior de California en el condado de Riverside.

Lo acusó además ante la Barra de Abogados de California y presentó una queja en la oficina del procurador.

Ha solicitado también una orden de restricción para parar las operaciones de Hispano Services.

“Inicialmente Hernández presentó un reclamo ante la Corte de Quejas Menores pero dado el alcance de los daños sufridos decidió desecharla, y poner la demanda en la Corte Suprema de California”, explica Sahagún.

Víctor Pirueña (izquierda) es acusado de prestar servicios como abogado sin tener el título como tal. Constantemente se promueve en Facebook.

“Virueña puso a Cristina al borde de la deportación, en una posición peor de cómo estaba porque ahora va a ser muy difícil ayudarla. Le aconsejó ir a México cuando nunca debió haber salido del país. Allá fue víctima de la delincuencia y al regresar la hizo que perdiera su libertad durante seis meses. !No tuvo piedad de Cristina!”, señala la abogada Sahagún.

Empresa se defiende

A través de un comunicado de Hispano Services enviado a esta Redacción, la empresa asegura que la demanda no va a proceder porque Hernández ni siquiera es clienta de ellos.

“Hemos hablado con nuestros abogados y ellos ya han tomado cartas en el asunto”, dijeron.

La Opinión contactó al abogado de Virueña, Leonard Cravens, para pedirle su opinión sobre las acusaciones contra su cliente pero de momento no ha habido respuesta.

Hispano Services dijeron sentirse acosados por la abogada Sahagún así como lo han sido otros negocios entre ello Latino Services de Thousand Palms, Sara Salcido de Cathedral, Ana Maria Verdín de Riverside, entre otros.

La primera persona que atendió a Hernandez fue precisamente Sara Salcido, quien se hacía pasar como consultora de inmigración sin estar registrada y daba consejo legal.

Después de tres meses de prisión, Salcido salió libre con una fianza de 32,000 dólares el año pasado tras ser acusado de ocho cargos de robo mayor a inmigrantes y por representar ilegalmente a un cliente durante una orden de migración.

Verdin se encuentra fuera del negocio tras ser demanda por violar el Acta de Consultores de Migración. Y Sahagún dijo  que ayudó a recuperar dinero a inmigrantes por servicios no prestados por Latino Services.