La corrupción en México tiene rostro de dinero en efectivo

MÉXICO.- La tarde del 2 de diciembre de 2015 Luis Aristides López Moreno tomó un par de maletas, las metió en la cajuela del Honda Accord color café y dejó atrás el rancho Pozo Nuevo, en Sonora, donde trabajaba a cargo de ganado vacuno, caballos pura sangre, borregos cimarrones, venados cola blanca y mojarras.

El Honda aceleraba poderoso cuando se topó con un retén de autoridades federales y estatales que lo obligó a detenerse, abrir las maletas y mostrar el contenido: alrededor de dos millones de dólares en su equivalente en pesos.

López Moreno no era un veterinario cualquiera, dijo al Ministerio Público. Era encargado de llevar y traer dinero en efectivo del ex gobernador Guillermo Padrés que por esos días tenía una auditoría y por razones desconocidas su jefe pasaba dinero a las cuentas de otras personas que lo devolvían después en billetes contantes y sonantes.

El lío aún mantiene un proceso abierto en contra de Padrés quien se defiende en los tribunales para evitar ser detenido.

Tercera entrega de la serie especial “Corrupción en México“.

El uso de dinero en efectivo es conocido como el enemigo público número uno en la lucha anticorrupción según organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El asunto es de preocupación porque está relacionado al lavado de capitales, a la corrupción y al círculo vicioso que se forma entre ambas conductas.

“El dinero en efectivo es la principal contraprestación que reciben los miembros de la delincuencia organizada por el pago de la venta de drogas, secuestro, robo, autos, trata de personas y corrupción”, observa Ramón García Gibson, analista del Inacipe.

No es la primera vez que el exgobernador Padrés tiene un lío con dinero en efectivo. Durante un acto público en Obregón en 2013, ofreció a 1,500 familias billetes de 100 pesos que envolvió en sobres tipo carta para “subsidiar el agua”. Dijo que era “producto de la austeridad” gubernamental.

Pero no es un caso aislado en la burocracia mexicana sino una constante que se persigue sólo cuando hay “voluntad política” como cuando cambia de partido una administración municipal o estatal. Y son casos contados, entre ellos, los ex gobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva (por narcotráfico); el de Chiapas, Pablo Salazar (uso indebido de las funciones públicas y asociación delictuosa) y Andrés Granier, de Tabasco (corrupción).

Para dramatizar el escándalo de este último en 2013, el procurador de justicia del estado ofreció una conferencia de prensa entre miles y miles de billetes de 500 y 1000 pesos que en total sumaban alrededor de 80 millones de dólares de desvíos del ex mandatario.

Un estudio del Imco concluyó que la clase política “ha estado muy cómoda” con el uso de efectivo y no ha hecho lo suficiente para acotarlo. “México está atrasado en la generación de políticas públicas que busquen reducir el uso de dinero en efectivo incluso por detrás de Kenia, China y Sudáfrica”, argumentó el analista Luis Mauricio Torres.

Imco propone a los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal) dar el ejemplo y dejar de pagar en efectivo a proveedores, obras públicas y nómina así como dejar de obligar a los empresarios a aceptar efectivo porque actualmente el 96% de las transacciones se pagan en efectivo.

La ley antilavado

En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón promulgó una ley conocida como “Ley Antilavado” porque limitó el dinero en efectivo en la compra de bienes raíces, juegos de apuestas, concursos y sorteos, construcción y comercialización de obras de arte, joyas, aviones y yates.

También grabó con impuestos el depósito de más de 2,000 dólares diarios, pero dos años después su sucesor Enrique Peña eliminó esta medida por considerar que había dañado muchos negocios “lícitos”.