Trabajadores sociales enjuiciados por muerte de Gabriel Fernández

Se les acusa de abuso de menores por la muerte del niño de 8 años que falleció luego de ser presuntamente torturado por su madre y el novio de ésta; ellos siguen tras las rejas
Trabajadores sociales enjuiciados por muerte de Gabriel Fernández
El pequeño Gabriel Fernández murió en mayo de 2013.
Foto: Archivo / La Opinión

La Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció este jueves que presentó cargos en contra de cuatro trabajadores sociales en relación con la muerte del niño Gabriel Fernández de 8 años ocurrida en Palmdale en 2013.

“Los trabajadores sociales juegan un papel vital en la sociedad. Les confiamos para que protejan a nuestros niños del daño”, indicó la fiscal Jackey Lacey en un comunicado. “Cuando su negligencia es tan grande que se vuelve criminal, las jóvenes vidas están en riesgo”.

“Al minimizar el significado de las lesiones físicas, mentales y emocionales que sufría Gabriel, estos trabajadores sociales permitieron que un niño vulnerable siguiera en casa y continuara siendo abusado”, agregó Lacey.

Según la fiscal, estos trabajadores sociales fueron “criminalmente negligentes” y desempeñaron sus tareas sin “importarles el bienestar de Gabriel”.

El menor fue encontrado con muestras de tortura en mayo de 2013. Fallecio dias mas tarde. /ARCHIVO
El menor fue encontrado con muestras de tortura en mayo de 2013. Falleció días más tarde (Foto: Archivo)

Los cuatro acusados son: Stefanie Rodríguez, de 30 años, Patricia Clement de 66, y sus supervisores Kevin Bom, de 37 y Gregory Merrit de 50.

Cada uno enfrenta un cargo de abuso de menores y un cargo de falsificar registros públicos. Ambos son delitos graves.

Se espera que todos ellos se presenten en la corte superior de Los Ángeles este jueves para recibir sus cargos oficialmente. Los fiscales pedirán una fianza de $155,000 dólares para cada uno.

De ser encontrados culpables, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión estatal.

El caso

Rodríguez, Clement, Bom y Merritt trabajaban para el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles (DCFS) y estaban encargados del caso de Gabriel Fernández, quien fue encontrado severamente golpeado y torturado en mayo de 2013.

El menor presentaba un cráneo y costillas rotas, así como quemaduras en todo su cuerpo. Falleció el 24 de mayo.

El caso generó fuertes críticas contra DCFS pues los abuelos del niño y hasta la maestra del menor habían denunciado que era víctima de abuso por parte de su madre, Pearl Fernández y el novio de ésta, Isauro Aguirre.

Pearl Sinthia Fernandez y Isauro Aguirre, 35, enfrentan cargos de homicidio y tortura, por la muerte de su hijo.
Pearl Sinthia Fernández y Isauro Aguirre, 35, enfrentan cargos de homicidio y tortura por la muerte de su hijo (Foto: Suministrada)

Ellos siguen tras las rejas acusados de asesinato.

La Fiscalía acusa a Rodríguez y Clement de falsificar reportes que debieron haber documentado las señales del creciente abuso físico del niño y la falta de participación de la familia en los esfuerzos del DCFS para cambiar esto.

Bom y Merritt supuestamente sabían o debieron haber sabido que estaban aprobando reportes falsos que iban en conflicto con el cada vez más deteriorado bienestar físico de Gabriel, lo que le permitió seguir en la casa de su madre en Palmdale.

Finalmente se está haciendo justicia

Emily Carranza, prima de Gabriel y cofundadora del sitio Justice4Gabriel (https://www.facebook.com/Justice4Gabriel), que ha liderado denuncias contra la negligencia de estos trabajadores sociales desde la muerte del menor, dijo a La Opinión que las acusaciones contra éstos “son un paso más cerca a la victoria”.

Finalmente se está haciendo justicia contra estos trabajadores sociales que fueron negligentes. Ellos tuvieron toda oportunidad para salvarlo“, expresó Carranza.

“Cada vez que ellos redactaron un reporte decían que todo estaba bien. Nunca vieron a Gabriel y cuando lo cuestionaban, lo hacían enfrente de su madre, ¿qué niño puede acusar a su madre así?”, cuestionó.

También dijo que espera que estas acusaciones sirvan para dejarle saber a otros trabajadores sociales que no hacer bien su trabajo tienen consecuencias.

“Deben de saber que su trabajo importa porque hay vidas de niños de por medio”, dijo Carranza, quien agregó que esto también significa que estas personas “nunca más podrán trabajar con niños”.

DCFS responde

Philip Browning, director de DCFS, indicó en un comunicado que “los acusados no representan el trabajo diario, los estándares y el compromiso de nuestros trabajadores sociales dedicados, quienes, al igual que yo, no tolerarán comportamiento que ponga en peligro el bienestar de niños”.

“En nuestra rigurosa reconstrucción de los eventos alrededor de la muerte de Gabriel, encontramos que cuatro de nuestros trabajadores sociales fallaron en hacer sus trabajos. Yo dictaminé que todos ellos fueron despedidos. Solo uno apeló su terminación y fue reinstituido el año pasado por mandato de la Comisión de Servicios Civiles, a pesar de nuestra fuerte objeción”, añadió Browning.