Sin tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer

Bajo las leyes de inmigración actuales no hay rehabilitación que valga aunque uno sea residente legal, por eso es que tras cumplir casi 20 años de prisión por un delito cometido a los 17 años, Ángel Padilla no logró ver la calle: pasó directamente a la custodia de las autoridades de inmigración para ser deportado.

Eso fue en octubre. Su detención por ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) fue un fuerte golpe para sus planes y los de su esposa Elizabeth Padilla, de comenzar una vida nueva, en libertad, en Los Ángeles.

El cáncer fue un golpe más para Padilla, que dentro de prisión buscó rehabilitarse: logró su GED, obtuvo un oficio como soldador y se enamoró de una trabajadora social que le hizo reactivar su fé católica.

En diciembre, le diagnosticaron a Padilla un tumor canceroso en su riñón izquierdo. En ese momento, el médico que lo atendió le dijo que debía operarse “de inmediato”.

Detenido inicialmente en un centro de detención para migrantes en Barkerfield (manejado por la empresa privada GEO group), se le trasladó al Centro Northwest de Tacoma, estado de Washington, porque supuestamente allí podrían tratar su dolencia, antes de deportarlo.

Cuatro meses después, no lo han operado.

“Sólo ha recibido medicinas para el dolor”, explica su esposa Elizabeth en una entrevista telefónica. “Su cáncer ahora está en el tercer nivel, hay que operarlo de inmediato. Luego de su diagnosis no hicieron nada por él e incluso los de GEO decían que no tenían sus records médicos, sólo un sumario”.

Luego de haber sido diagnosticado durante su estadía en Bakersfield, tras su traslado al otro centro de detención en Tacoma, sus records médicos no aparecían por ningún lado.

“Su esposa pidió copia de los records y se los negaron, la oficina del Congresista Adam Smith, que es el representante de donde vive su familia en Los Angeles también intentó obtenerlos y luego una abogada también”, djio Maru Mora Villalpando, una activista que ha ayudado a organizar el apoyo a Padilla.

Finalmente, su abogada, parte de un grupo de letrados que ayuda a los detenidos en Northwest, consiguió llevar a Padilla ante un juez para una audiencia de fianza. Este miércoles, su esposa y amigos recibieron con ánimo la buena noticia.

“Yo pensé que la fianza iba a ser mucho más alta”, dijo Padilla. “Cuando escuché que había sido sólo 15,000 dólares sentí una gran emoción”.

Las leyes y la política migratoria de Estados Unidos determinan detención y deportación mandatoria a personas convictas de un delito mayor.

Ángel fue cómplice de robo a mano armada a los 17 años y a pesar de vivir en Estados Unidos desde los 5, ser originario de El Salvador,  y tener una “green card”, su deportación es lo que manda la ley.

Pero por el momento, dice su esposa, lo que busca Ángel es vivir.