Suspenden licencia de trabajador social enjuiciado por muerte de Gabriel Fernández

Después de ser despedido en el condado de Los Ángeles, siguió trabajando en San Bernardino
Suspenden licencia de trabajador social enjuiciado por muerte de Gabriel Fernández
Cuatro empleados de los Servicios Sociales de Los Ángeles están acusados de negligencia por la muerte del pequeño de 8 años, que sufría abuso doméstico.
Foto: Archivo

A pesar de ser enjuiciado en relación con el fallecimiento de Gabriel Fernández, el niño de 8 años que fue torturado hasta la muerte en Palmdale presuntamente por su madre y el novio de ésta, Kevin Bom nunca dejó de trabajar.

Tras ser despedido por el Departamento de Servicios para Familias y Niños del condado de Los Ángeles (DCFS), el trabajador social se fue a trabajar al condado de San Bernardino.

Pero un juez de la Corte Superior de Los Ángeles puso fin a esto.

El juez le suspendió a Bom su licencia de trabajador social, documento requerido para realizar sus tareas como evaluador de casos de custodia infantil.

Pearl Sinthia Fernández y su novio Isauro Aguirre se declararon no culpables de un cargo de asesinato por la muerte de Gabriel Fernández.
Pearl Sinthia Fernández y su novio Isauro Aguirre se declararon no culpables de un cargo de asesinato por la muerte de Gabriel Fernández (Foto: Suministrada)

Los cargos

Bom era supervisor en DCFS y enfrenta cargos de abuso de menores y de falsificar registros públicos en relación con el caso de Fernández.

Los otros acusados son: Stefanie Rodríguez, de 30 años, Patricia Clement de 66, y Gregory Merrit de 50.

Rodríguez, Clement, Bom y Merritt estaban encargados del caso de Gabriel Fernández, quien fue encontrado severamente golpeado y torturado en mayo de 2013.

El menor presentaba un cráneo y costillas rotas, así como quemaduras en todo su cuerpo.

El caso generó fuertes críticas contra DCFS pues los abuelos del niño y hasta la maestra del menor habían denunciado que era víctima de abuso por parte de su madre, Pearl Fernández y el novio de ésta, Isauro Aguirre. Ellos siguen tras las rejas acusados de asesinato.

La muerte del pequeño Gabriel Fernández, de 8 años, demandó cambios en la protección de niños del condado.
La muerte del pequeño Gabriel Fernández, de 8 años, demandó cambios en la protección de niños del condado (Foto: Archivo/La Opinión)

La Fiscalía acusa a Rodríguez y Clement de falsificar reportes que debieron haber documentado las señales del creciente abuso físico del niño y la falta de participación de la familia en los esfuerzos del DCFS para cambiar esto.

Bom y Merritt supuestamente sabían o debieron haber sabido que estaban aprobando reportes falsos que iban en conflicto con el cada vez más deteriorado bienestar físico de Gabriel, lo que le permitió seguir en la casa de su madre en Palmdale.

De ser encontrados culpables, cada uno enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión estatal.

“Al minimizar el significado de las lesiones físicas, mentales y emocionales que sufría Gabriel, estos trabajadores sociales permitieron que un niño vulnerable siguiera en casa y continuara siendo abusado”, indicó la fiscal Jackey Lacey al anunciar los cargos en abril.

Según la fiscal, estos trabajadores sociales fueron “criminalmente negligentes” y desempeñaron sus tareas sin “importarles el bienestar de Gabriel”.