‘Si mi hijo hubiera tenido abogado de Inmigración estaría vivo’

7 de cada 10 inmigrantes en cárceles Inmigración carece de un abogado; activistas piden a California asignar juristas a indocumentados detenidos

Tres meses después de que una corte de Texas rechazó su caso de asilo político y lo deportó a Honduras, Erick Castro fue bajado de un taxi, golpeado y asesinado con saña presuntamente por los pandilleros que lo amenazaron de muerte antes de que huyera de ese país. Tenía 23 años.

“Sólo lo mandaron a la muerte”, dijo su madre Lilian Peña, residente de Los Ángeles, sobre el calvario de Erick, quien fue expulsado de Estados Unidos en febrero y murió el pasado 24 de mayo.

Peña cuenta que su hijo, quien dejó una viuda y una huérfana de tres años, corría peligro desde que su padre fue muerto a balazos por seis pandilleros de la Mara Salvatrucha porque reparó un muro que protegía su barrio. Se llamaba Rafael Castro y era un líder comunitario.

Cuando los maleantes se enfocaron en Erick, éste huyó a Estados Unidos trayendo en su equipaje el acta de defunción de su padre y los periódicos que documentaron el homicidio, pero esas pruebas y las súplicas del centroamericano fueron desechadas por un tribunal migratorio en Texas.

Erick Castro, quien fue asesinado por pandilleros en mayo pasado, tres meses después de haber sido deportado de Estados Unidos
Erick Castro, quien fue asesinado por pandilleros en mayo pasado, tres meses después de haber sido deportado de Estados Unidos

Erick se presentó ante un juez de inmigración sin un abogado, como lo hace la mayoría de los indocumentados detenidos y quienes típicamente son expulsados a sus lugares de origen.

“No hay nadie que los defienda y no les creen a estos muchachos lo que están diciendo”, indicó Peña. “Si mi hijo hubiera tenido representación legal estuviera aquí con nosotros, estuviera vivo”, expresó.

Organizaciones comunitarias ha puesto este caso como ejemplo del fallido sistema migratorio.

Sin representación legal

Según un estudio de la Coalición para la Representación Universal, 7 de cada 10 inmigrantes en cárceles de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) en California carece de un abogado porque no pueden pagar sus honorarios.

En esa situación, concluye el reporte, tienen hasta cinco veces más de probabilidades de que sus casos fracasen, en comparación con lo que tienen un representante legal. Para algunos, como le ocurrió a Erick, ser deportado significa enfrentar de nuevo a pandilleros o narcos… y llevar las de perder.

“California debe crear un programa financiado con fondos públicos para proporcionar un abogado de oficio a los migrantes detenidos que enfrentan un proceso de deportación”, urge este análisis elaborado por una coalición que integran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), Public Counsel, el Centro Legal La Raza y otros grupos.

“La detención y deportación de inmigrantes divide a las familias en California, daña a las comunidades y es una carga para el estado”, agrega el estudio.

Erick Castro, quien fue asesinado por pandilleros en mayo pasado, tres meses después de haber sido deportado de Estados Unidos
Erick Castro, quien fue asesinado por pandilleros en mayo pasado, tres meses después de haber sido deportado de Estados Unidos

Sin derechos

A diferencia de los acusados de un crimen, los inmigrantes no tienen derecho a un abogado designado por el gobierno, aunque su deportación los ponga entre la espada y una pandilla o un cartel en su país.

El estudio coincide con una campaña que insta a los gobiernos estatales, en particular al de California, a imitar un programa de Nueva York que desde 2013 defiende a los migrantes en los tribunales.

“Antes las amenazas de redadas del DHS [Departamento de Seguridad Interna] y mientras miles buscan refugio de la violencia en Centroamérica, la representación legal es más importante que nunca”, dijo Caitlin Bellis, abogada del Public Counsel.

Más de 235,000 migrantes fueron deportados en 2015, de acuerdo a cifras de ICE.

Al cierre de esta edición, la Oficina Ejecutiva de Revisiones Migratorias, dependiente del Departamento de Justicia (DOJ), no había comentado sobre dicho pedido.

“El gobierno federal no va a actuar, pero California puede seguir el ejemplo de Nueva York y dar asistencia legal a todos los migrantes detenidos que no pueden pagar un abogado”, señaló Shiu-Ming Cheer, abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias.

La señora Peña, quien ha vivido en Los Ángeles desde hace dos décadas, espera que este cambio se aplique para salvar vidas. “Cuando regresan a los muchachos van a la muerte segura”, expresó.