Demandan al gobierno por no permitirse abortos a menores inmigrantes

Algunas entidades contratadas para prestar servicios de cuidado a menores centroamericanas se negaron a dar acceso a anticonceptivos y al aborto a adolescentes que fueron asaltadas sexualmente en su viaje hacia EEUU.
Demandan al gobierno por no permitirse abortos a menores inmigrantes
Los niños migrantes en los centros de detención de ICE enfrentan una situación que perjudica su salud.
Foto: Archivo

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de EEUU entabló una demanda contra el gobierno federal por dejar que organizaciones comunitarias impusieran en base a sus creencias religiosas restricciones a tratamientos de salud y al aborto a inmigrantes indocumentadas.

La querella, presentada el pasado viernes en San Francisco contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos, asegura que algunas entidades contratadas para prestar servicios de cuidado a menores centroamericanas se negaron a dar acceso a anticonceptivos y al aborto a adolescentes que fueron asaltadas sexualmente en su viaje hacia EEUU.

“Cuando un adolescente ha sufrido una tragedia tan inconcebible, como la violación, en un aterrador viaje a un lugar desconocido, lo último que debemos hacer es negarle la atención que necesita”, afirmó Brigitte Amiri, representante de ACLU.

Una de las organizaciones mencionadas en la demanda es la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB), a la que se le han otorgado más de 10 millones de dólares para ayudar a estas menores inmigrantes no acompañados.

“Nuestros dólares, los de los contribuyentes, no deben ser utilizados para autorizar a las organizaciones a violar la ley e imponer sus creencias religiosas en estas mujeres jóvenes que necesitan desesperadamente atención médica”, aseguró Amiri.

La Unión Americana de Libertades Civiles demandó al Gobierno ante un tribunal federal por la deportación de madres y niños inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica.
La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha demandado antes al Gobierno ante un tribunal federal por la deportación de madres y niños inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica.

Agredidas sexualmente

Según informes de ACLU, entre el 60 % y el 80 % de las mujeres y niñas que cruzan la frontera son agredidas sexualmente.

El reclamo se basa en la norma que estipula que el Gobierno federal tiene la obligación de proporcionar a menores inmigrantes no acompañados “vivienda, alimentación y el acceso atención médica de rutina”.

Para Virginia Isaías, directora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, en el Sur de California, lo más importante es apoyar a la víctima para que decida qué quiere hacer y no se sienta obligada o rechazada por el abuso que ha sufrido.

“No podemos etiquetarnos con banderas religiosas o políticas, hay que ofrecer educación y comprensión y decirles que ellas son dueñas de su cuerpo y que ellas deciden”, explicó a EFE.

Isaías, quien fue violada por una banda de traficantes humanos y producto de lo cual resultó embarazada, indicó que no se puede dejar que “los beneficios de ayuda estén condicionados”.

Menores piden el aborto

Al menos 26 menores indocumentadas detenidas al cruzar la frontera solicitaron de manera directa entre 2010 y comienzos de 2015 el aborto tras ser víctimas de violación, según la demanda.

La denuncia esta basada en los testimonios de varias menores, como el caso de María, una centroamericana de 14 años que descubrió su embarazo mientras se hallaba bajo custodia del gobierno federal.

La joven solicitó un proceso medico para interrumpir el embarazo pero la petición le fue negada porque la administración del refugio en el que se encontraba alegó conflictos de fe.

“Permitir que la organización religiosa dicte el tipo de atención que reciben estos adolescentes, que a menudo han huido de la violencia, no sólo es ilegal, sino también cruel”, dijo Melissa Goodman, de ACLU en el Sur de California.