Renuncia ministro que exoneró a Peña Nieto por la “La Casa Blanca”

México – El secretario de la Función Pública de México, Virgilio Andrade, informó este lunes de su renuncia para que la institución sea coherente con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que empezará a funcionar tras la promulgación de una batería de leyes por parte del presidente, Enrique Peña Nieto.

Andrade recordó en un comunicado que “el secretario de la Función Pública que participe en el SNA deberá ser nombrado por el presidente y ratificado por el Senado“.

A escasas horas de que Peña Nieto promulgue el paquete de siete leyes que permitirán poner en marcha el nuevo sistema, el secretario dijo haber tomado su decisión para que le Ejecutivo cumpla “a cabalidad” con la normativa.

Dijo tener la convicción de que “el SNA requiere que todas las instituciones funcionen con la plenitud constitucional que sus normas dictan para consolidar su confianza”.

Inicialmente, la promulgación del paquete, en el que se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, estaba programada para mediados del mes pasado.

Sin embargo, Peña Nieto ejerció su derecho al veto en el artículo 32 de la Ley 3de3 y otros 15 artículos relacionados, por lo que devolvió al Legislativo la iniciativa.

Los parlamentarios aprobaron las modificaciones sobre el artículo 32, que establecía que toda persona física o moral que reciba recursos públicos tenía que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y fue muy criticado por la confederación patronal mexicana.

Las modificaciones no tocaron otro de los artículos más controvertidos de esta ley proveniente de una iniciativa ciudadana, el 29, que permite que los funcionarios gubernamentales no estén obligados a publicar información que pueda “afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución“.

Andrade, cercano al entorno del presidente, fue muy cuestionado durante su gestión porque estuvo al frente de una investigación que exoneró a Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, de haber incurrido en conflicto de interés por la compra de varios inmuebles a dos empresas que en la actualidad son contratistas del Gobierno.

Los partidos políticos de la oposición calificaron el resultado de la investigación como “una auténtica burla” en un país que ya no tolera más corrupción e impunidad y pidieron una investigación independiente.