Dos años de Ayotzinapa: aún faltan 43 y el gobierno no responde

Desde el pasado 26 de septiembre de 2014, Iguala, Guerrero, México y el mundo, sigue contando

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Dos años de Ayotzinapa: aún faltan 43 y el gobierno no responde
La demanda de justicia justicia en el caso de Ayotzinapa no cesa.
Foto: Miguel Tovar/LatinContent / Getty

MÉXICO.- “Sus hijos no son unas blancas palomas”, estalló Monte Alejandro Rubido, aún comisionado Nacional de Seguridad poco después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una reunión de finales de 2014 con un selecto grupo de padres de familia que se divulgó poco después en la prensa local.

El contenido del encuentro era claro y sencillo pero a la vez una bomba que, aunque políticamente incorrecta, buscaba una explicación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de aquel año: 17 de los 43 estudiantes atacados por policías de la Ciudad de Iguala al servicio del cartel de los Guerreros Unidos podrían ser miembros del grupo rival Los Rojos.

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Desde entonces y hasta la fecha la información que involucra a los normalistas como parte de la estrategia de los diversos grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero -actualmente el más violento del país- que, aliados con la guerrilla, buscan controlar la plaza.

Los señalamientos provienen desde revelaciones del Ministerio Público Federal, audios y videos difundidos a través de las redes sociales y hasta algunas actitudes abiertamente públicas y sospechosas de los padres de familia, el ex director José Luis Hernández y estudiantes de la Isidro Burgos.

En abril de 2015 un grupo de padres de familia acudieron con un letrero a la carretera México Acapulco a la altura de Iguala y pidieron ayuda a Santiago Mazari, quien fuera líder de Los Rojos, para encontrar a sus hijos. “Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijo porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros”, rezaba.

Según con la averiguación previa que hizo pública la Procuraduría General de la República (PGR), al menos cinco delincuentes detenidos por los hechos de Iguala  señalaron a Mazari – entre ellos Sidronio Casarrubias, líder de plaza de Guerreros Unidos- como la persona que pagaba al director de la normal y a algunos estudiantes para “hacer desmadre en la plaza y “calentarla”.

Los mexicanos no creen en las versiones del Gobierno. (Foto: Getty Images)
Los mexicanos no creen en las versiones del Gobierno. (Foto: Getty Images)

En términos del crimen organizado “calentar plaza” significa llamar la atención de medios de comunicación y autoridades. La zona centro de Guerrero es disputada desde hace años por las dos organizaciones archirrivales.

Ha sido una irresponsabilidad del gobierno no investigar a fondo la complicidad del director de la normal de Ayotzinapa y de los estudiantes con la narcoguerrilla“, observó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

En noviembre de 2015, José Luis Hernández se presentó en calidad de testigo -y en un juicio cerrado- en las instalaciones de la Subprocuraduría Especilizada contra la Delincuencia Organizada (SEIDO). Al salir dijo que sólo se le realizaron preguntas de corte académico. La PGR no lo desmintió pero al siguiente mes presentó su renuncia como director.

Entre los estudiantes las acusaciones no han sido menos. Primero Sidronio Casarrubias y, según la averiguación previa de la PGR, también el líder de sicarios de Iguala Felipe Rodríguez Salgado, quien declaró que fue Mazari (a quien apodan “El Carrete”) con ayuda del alumno Bernardo Flores Alcalá “El Cochiloco”, quien organizó que los estudiantes robaran un camión en una zona cercana a la escuela para viajar a Iguala y asesinar a Víctor Hugo Benítez, de Guerreros Unidos.

Otras versiones afirman que también buscaban robar un camión que viajaría cargado de heroína hacia Estados Unidos presuntamente propiedad de Los Rojos. A esta hipótesis se le conoce periodísticamente como “El quinto camión” aunque esta hipótesis fue rechazada por el Grupo Internacional de Expertos Independientes”.

Padres de familia, simpatizantes y estudiantes en voz de Omar Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes del 26 de septiembre de 2014, sostienen que todos los señalamientos en su contra parten de una “campaña” de desprestigio porque ellos insisten en encontrar a sus familiares con vida a pesar de que el gobierno sostiene que fueron asesinados y quemados.

Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron el pasado 26 de septiembre.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron el  26 de septiembre de 2014.

“Quieren desacreditarnos”, insiste una y otra vez Vázquez Arellano, quien últimamente es cuestionado por cambiarse de nombre cuatro veces en  sus giras internacionales para exigir justicia y por ser hermano de Narciso Vázquez Arellano, presunto sicario del cártel de Los Rojos, quien murió el 1 de junio de 2014 en la comunidad de Carrizalillo en un enfrentamiento con un grupo rival.

Omar Vázquez fue grabado en una conversación con otro estudiante desconocido quien supuestamente le informó sobre un grupo de Guerreros Unidos que había intentado ingresar a la normal de Ayotzinapa para “levantar” a miembros de Los Rojos, entre ellos, “El Chane”, un estudiante de segundo año.

“El gobierno no ha querido enfrentar de verdad el problema de la seguridad nacional”, observó Agustín Barrios Gómez, ex diputado y presidente de la organización civil Imagen México. “Hace tiempo que debió de desaparecer los poderes de Guerrero y declarar suspendidad las garantías individuales y aceptar que ahí no hay gobernanza, que necesita empezar de cero”.