Piden investigar a jueces que de forma rutinaria niegan asilo a inmigrantes

Abogados temen que haya más jueces en EEUU que estén potencialmente violando el derecho de los inmigrantes al solicitar asilo
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Piden investigar a jueces que de forma rutinaria niegan asilo a inmigrantes
El juez V. Stuart Couch es uno de los que se pide investigar.
Foto: Suministrada/Amoachi & Johnson

WASHINGTON.- Abogados de una firma legal de Nueva York pidieron hoy al Departamento de Justicia que investigue y suspenda a cuatro jueces de Inmigración en Georgia y Carolina del Norte que, a su juicio, “sistemáticamente” privan a inmigrantes sin representación legal de su derecho al asilo en EEUU.

La firma legal “Amoachi & Johnson” indicó en un extenso documento, al que tuvo acceso este diario, que los jueces en cuestión “a sabiendas” y de forma rutinaria están privando a muchos inmigrantes de su derecho a solicitar asilo o un estatus especial, en el caso de menores de edad.

Aunque por ahora sólo se trata de cuatro jueces, la firma no descarta que haya más en el futuro.

Sigo investigando a nivel nacional para ver si hay más jueces de Inmigración que intencionalmente están violando leyes para privar a los inmigrantes de sus derechos en los tribunales de Inmigración, especialmente en los casos de niños no acompañados y madres con niños víctimas”, explicó a este diario el abogado Bryan Johnson, miembro del bufete en Nueva York.

El Departamento de Justicia de EEUU (USDOJ) tiene bajo su paraguas a la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), que a su vez administra los tribunales de Inmigración en todo el país.

En este caso, la firma legal tiene la mira puesta en los jueces Barry Pettinato, Earle Wilson, V. Stuart Couch, y J. Dan Pelletier, y en concreto pide que éstos sean suspendidos de sus labores para adjudicar casos hasta que concluya la investigación.

Según los abogados, estos jueces han demostrado un preocupante patrón en sus funciones, por lo que el Departamento de Justicia debe investigar en particular los casos que afectan a adultos con niños y a niños no acompañados, que desde 2014 recibieron órdenes de deportación o aceptaron su “salida voluntaria” de EEUU.

Los abogados pidieron que los jueces queden sujetos a un enjuiciamiento criminal, en el supuesto de que se confirme que actuaron indebida y sistemáticamente contra los inmigrantes llevados ante sus tribunales.

La firma legal asegura que ha recabado “pruebas sustanciales” contra las jueces, incluso de otros abogados que han defendido casos ante sus tribunales.

Al enviar su solicitud a EOIR y a USDOJ,  Johnson destacó la urgencia de que las autoridades tomen medidas “para prevenir la atroz, intencional (y potencialmente criminal) privación de derechos de los más vulnerables que comparecen ante estos jueces: los niños”.

Con fechas y casos concretos, los abogados detallan algunas de las decisiones de los jueces, algunas de las cuales fueron posteriormente anuladas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés).

Según una transcripción parcial de uno de los casos, el juez Couch negó una solicitud de asilo a una inmigrante salvadoreña, a quien dijo que su miedo a las pandillas –que le exigían dinero a su esposo- “no es una base sobre la que yo pueda conceder el asilo”.

En ese caso, explicó Johnson, el juez de Inmigración no puede por ley “prejuzgar” la solicitud de asilo de una persona, porque debe darle la oportunidad de al menos iniciar los trámites, y tomar una decisión después de que la persona tenga una audiencia concreta para presentar pruebas o testimonios.

En una audiencia en enero de 2015 ante el juez Wilson, cerca de 14 niños no acompañados no tenían abogado, de los cuales la mayoría no recibió suficientemente tiempo para conseguir asistencia legal.

Wilson presuntamente les dijo que si no conseguían abogado, tendrían que representarse solos en su siguiente audiencia.

Asimismo, el documento se queja de que aunque la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tiene jurisdicción una vez que los niños son clasificados en la jerga legal como “menores no acompañados” (UACs, en inglés), los jueces WilsonPelletier, Couch, and Pettinato “los privaron ilegalmente” de su derecho a presentar su caso de asilo ante esa agencia federal.

La queja coincide con un estudio nacional difundido por el “American Immigration Council”, que analizó un total de más de 1,2 casos de deportaciones entre 2007 y 2012 y determinó que el acceso a abogados para los inmigrantes indocumentados es “escaso y desigual”.  Solo el 14% de los indocumentados en centros de detención tuvieron acceso a un abogado, y no es secreto que éstos tienen menos probabilidades de ganar su caso.

Madre confronta a Jeh Johnson

La guatemalteca Cindy Barrientos está indocumentada y lleva meses pidiendo ayuda para su hijo, Wilhen Deyvin Gil Barrientos, quien permanece detenido y sin derecho a fianza en un centro de detención en Georgia.

“El juez que lleva el caso de mi hijo es muy malo; no me lo suelta, no quiere ayudarlo. Es injusto porque muchos venimos huyendo y pedimos asilo… está bien que investiguen a estos jueces”, dijo a este diario Barrientos.

Su hijo, de 21 años, cruzó ilegalmente con su hermana y ambos fueron detenidos en Texas a finales de junio de 2015. La hermana recibió asilo, pero él sigue en un centro de detención a tres horas y media de donde reside su familia.

Barrientos confrontó al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y pidió su intercesión.

“Me dijo que está interesado en mi caso. Yo espero que sea cierto que me va a ayudar”, puntualizó Barrientos.