En California se buscará limitar recursos para deportaciones masivas

Los legisladores inician la temporada legislativa con una serie de propuestas proinmigrantes para californianos
En California se buscará limitar recursos para deportaciones masivas
Ante la posible embestida de Trump contra los inmigrantes, es necesario estar alerta e informado.
Foto: Getty Images

Para proteger a la población inmigrante de California de cualquier política en su contra que el próximo presidente Donald Trump pueda poner en marcha, la bancada latina y asiática-isleña del Pacífico de la legislatura estatal en Sacramento presentó un paquete de proyectos de ley que buscan garantizar el debido proceso para todos los inmigrantes y el derecho a un defensor público para asesoría en migración.

Estas medidas propuestas por los líderes latinos —Kevin León del Senado, Anthony Rendón de la Asamblea y el de la bancada asiática-isleña del Pacífico Rob Bonta- nacen a partir de la enorme preocupación de que la administración Trump aplique políticas de deportaciones que confíen en la participación de las agencias del orden locales y estatales para detener a una ampliada categoría de inmigrantes. Esto, de acuerdo a los legisladores, tendría un impacto devastador en el estado que tiene miles de familias mixtas y una gigantesca fuerza de trabajo inmigrante.

California es el estado de la nación con la más grande población de inmigrantes.

Imagen del Pew Research Center.
Imagen del Pew Research Center.

Se teme que muchos de esos inmigrantes pudieran ser puestos en centros de detención por períodos de tiempo no especificados con acceso limitado a representación legal.

La primera propuesta planteada como “Debido proceso para todos” es para crear un programa estatal que financie servicios legales para los inmigrantes en proceso de deportación. Este programa permitiría al Departamento de Servicios Sociales dar subsidios a organizaciones no lucrativas que proveen servicios legales. También crearía un fideicomiso estatal para atraer inversiones del gobierno local y contribuciones privadas filantrópicas para representación legal.

De acuerdo a los proponentes, el 68% de los inmigrantes detenidos no tienen acceso a un abogado. Por lo tanto tienen cinco veces más posibilidades de ser deportados.

La segunda propuesta busca crear y financiar centros regionales capaces de proveer asesoramiento legal y apoyo técnico a las oficinas de defensores públicos en temas relacionadas con las consecuencias migratorias de las condenas criminales para que los puedan defender a los inmigrantes en contra de ellas.

Se estima que una inversión modesta en asistencia técnica de las oficinas de defensores públicos asegurará que los inmigrantes reciban un tratamiento adecuado bajo la ley y puedan hacer elecciones informadas. Muchas veces, aceptan un acuerdo con la fiscalía en sus casos, sin entender el impacto migratorio en su futuro por eso es que deben recibir consejo legal apropiado.

La tercera propuesta de ley pretende limitar el uso de recursos locales y estatales para las deportaciones masivas al prohibir que las agencias del orden locales y estatales y los departamentos de policía escolar y seguridad, usen recursos públicos para responder a solicitudes de retención, aviso y transferencia de inmigrantes a las autoridades de migración.

Esto incluye entregar por razones de migración, información sobre el lugar donde viven o trabajan los inmigrantes, o la fecha en que alguno de ellos va a ser liberado de una cárcel así como darles acceso a entrevistas o simplemente actuar como agente de migración.

También busca crear zonas seguras a través del estado para prohibir que los agentes de migración hagan detenciones en escuelas públicas, hospitales y en las instalaciones de los tribunales.

No le darán la espalda a indocumentados

En conferencia de prensa, el senador demócrata de San Diego, Ben Hueso, nombrado líder de la bancada latina dijo que estas medidas mandan un claro mensaje a los indocumentados de California. “No les daremos la espalda. “Haremos todo lo que esté en nuestro poder para protegerlos de una deportación injustificada”, destacó.

Los trabajadores indocumentados componen alrededor de una décima parte de la fuerza laboral de California y contribuyen con 130,000 millones al producto bruto doméstico en impuestos locales y estatales.

“Los inmigrantes pagan impuestos, algunas veces más que los multimillonarios y ellos ayudan a conducir la maquinaria que hace de California la sexta economía del mundo. Con este paquete de legislación le decimos a la siguiente administración y al Congreso, si quieres tenerlos, tendrás que venir por nosotros”, dijo el líder de la Asamblea, Anthony Rendón.

Carmen Iguina, abogada de ACLU del Sur de California dijo que para los inmigrantes que enfrentan la deportación, tener un abogado puede significar la diferencia entre permanecer en el país o ser separado de su familia, comunidad y la vida que han construido.

Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF comentó que estas propuestas ayudarán a prevenir la separación de familias, comunidades y lugares de trabajo causado por las agencias del orden que fallan en reconocer los dañinas y profundas fallas de las leyes federales de migración actuales.

La primera medida, la SB6 del senador Ben Hueso de San Diego creará el programa estatal para financiar la representación legal de quienes enfrentan deportación. La segunda propuesta, la AB3 del asambleísta Rob Bonta de Oakland, crearía los centros regionales para entrenar a los defensores públicos y abogados defensores en leyes de migración y las consecuencias de las sentencias criminales.

Al mismo la Asamblea y el Senado votó a favor de dos resoluciones la HR4 y la SR7 que piden al presidente electo Trump abandonar sus anunciados planes de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

La campaña ya terminó

El líder de los republicanos de la Asamblea, Chad Mayes de Yucca Valley, dijo que los demócratas robaron una página de libro de campaña del presidente electo Donald Trump y empujaron una agenda divisoria que consideró retórica y diseñada para aumentar las tensiones que muchos como él, tratan de suavizar. “California tiene la tasa más alta de pobreza en la nación, nuestros caminos se están derrumbando, y el costo de la vivienda es el doble del promedio nacional. La campaña se terminó y es tiempo de unirnos y avanzar como californianos”, señaló.