Juez ordena procesar a expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción

El juez Ercolini procesó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos, en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral
Juez ordena procesar a expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción
Cristina Kirchner será procesada por presunto fraude durante su mandato.
Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP / Getty Images

El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta Cristina Kirchner  y varios exintegrantes de su gobierno por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos.

También procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, según una resolución firmada hoy.

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En esta causa se investiga si la expresidenta montó un mecanismo que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Lázaro Báez las obras públicas santacruceñas sin controles, lo que permitió sobreprecios.

El magistrado también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , su ex número dos, José Francisco López , el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez y Carlos Santiago Kirchner, un primo de Néstor, entre otros. En cambio, Ercolini dictó la falta de mérito de Abel Fatala y ex subsecretario de Obras Públicas Hugo Manuel Rodríguez, entre otros.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Archivo
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Archivo

¿De qué la acusan?

En esta causa la expresidenta enfrenta su primer procesamiento por corrupción.

¿De qué la acusan a Cristina Kirchner en este expediente? En su resolución de de 794 carillas, el juez Ercolini resaltó que “se encuentra acreditado” que la exmandataria, De Vido y López, entre otros, “habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

“Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en más de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados”, indicó el magistrado.

Al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita, el juez remarcó que todos los funcionarios públicos procesados “conocían el pacto que los unía”. “Si bien no es necesario que los miembros de la asociación ilícita conozcan la identidad del resto de los intervinientes, esta circunstancia está plenamente demostrada en autos”, apuntó.

Y añadió: “La prueba reunida dio cuenta de que todos los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación”.

El rol de la expresidenta

Ercolini describe la existencia de una asociación ilícita dirigida desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional para direccionar la obra pública santacruceña en favor de Báez. El juez consideró que Cristina Kirchner ejerció “un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo”.

Para Ercolini, las potestades de la expresidenta y de los funcionarios designados en puestos clave -nombrados por Kirchner y “mantenidos” por Cristina- “le habrían permitido el direccionamiento y control sobre los fondos que finalmente le habrían hecho llegar a Báez por medio del irregular otorgamiento de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

“En ese marco, la exmandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca”, señaló.

El juez Ercolini evaluó las pruebas que esgrimieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los decretos de nombramiento de funcionarios o documentación de las licitaciones patagónicas que exhiben sobreprecios y los testimonios de exfuncionarios de Vialidad que declararon sobre la falta de controles.