Medida contra ciudades santuario: peligrosa y probablemente ilegal

Agencias de la ley y expertos cuestionan la lógica en la amenaza del presidente de quitar fondos a entidades ajenas que no hagan "el trabajo de la migra".
Medida contra ciudades santuario: peligrosa y probablemente ilegal
El presidente Trump regala la pluma con la que firmó la orden ejecutiva que incluye castigos a las "ciudades sanatuario" a las madres de hijos asesinados por inmigrantes.

La amenaza de un castigo económico anunciada por Presidente Donald Trump a las llamadas “entidades o ciudades santuario” ha generado el rechazo y el desafío de varios estados y ciudades y también la preocupación entre líderes policiales, que consideran que en vez de ayudar, puede perjudicar la seguridad pública.

Este aspecto de la orden ejecutiva sobre inmigración presentada el miércoles, promete además enfrentar a gobiernos y policías locales con la Casa Blanca, tanto en el aspecto legal como político, mientras expertos legales aseguran que la orden de Trump no tiene “una sólida base legal”.  

“Queremos hacer nuestro trabajo, no el de ICE”

Varios jefes de policía de ciudades grandes y pequeñas reaccionaron este jueves, indicando que la orden es muy general e imprecisa, pero que les preocupa el efecto en sus comunidades y en sus presupuestos.

“Yo ni siquiera sé lo que quiere decir con santuario”, dijo Mike Tupper, jefe del departamento de policía de la pequeña ciudad de Marshalltown, Iowa. “Si como policías comenzamos a dedicarnos a buscar indocumentados, la gente va a dejar de llamarnos y hablar con nosotros y los delincuentes van a usar la amenaza de llamar a inmigración para victimizarlos. Esto es un paso atrás”.

Trump firmó la orden ejecutiva esta semana, rodeado de familiares de personas asesinadas por indocumentados. Esta incluyó una cláusula para iniciar la retirada de fondos federales a las llamadas “santuarios”.

El gobierno federal busca así contrarrestar medidas que se han tomado a nivel local para limitar la asistencia local a las autoridades migratorias con excepción de reportar y entregar a inmigrantes peligrosos o violentos. 

Trump también pretende reiniciar el programa Comunidades Seguras, que obligaría a estas agencias a detener a indocumentados que ICE quiera arrestar, aún cuando no haya una razón penal para hacerlo.

Pero desde varios capitolios estatales, ciudades y departamentos policiales, hubo quejas y reacción contra esta idea y hasta un abierto desafío por parte de gobiernos como el de Nueva York y California. Por ejemplo, California acelerará la consideracíon de una ley estatal estatales que pretende prohibir el uso de fondos estatales “para ayudar a ICE a destruir familias”.  

Otros estados con líderes republicanos, como Texas, tienen una postura contraria, y están buscando penalizar a las agencias del orden que no colaboren con inmigración.

El presidente Trump insiste en que cualquier medida local para limitar la colaboración de la policía local con las autoridades migratorias, colabora con la delincuencia.

Este es un tema que se ha discutido entre las agencias del orden durante años, y buena parte de los profesionales de la ley consideran que no pueden hacer bien su trabajo si también tienen que conducirse como agentes migratorios.

El jefe Tom Manger, de Montgomery County, Mayland, dijo que no es verdad que las políticas de policías locales que evitan hacer trabajo migratorio es violatoria de leyes federales.

Agregó que la inmensa mayoría de los departamentos policiales sí colabora con las autoridades migratorias entregando a un inmigrante cuando hay una orden judicial y se trata de un delincuente violento.

“Nosotros no estamos violando ninguna ley”, dijo. “Cuando ICE llama y nos pregunta si tenemos a un inmigrante en particular en la cárcel, nosotros le damos la información puntual. Lo que no hacemos es hacer su trabajo por ellos”.

Manger indica que las policías locales deben “aplicar la ley como mejor les convenga localmente” y que si un departamento quiere tener un contrato federal para asistir en tareas migratorias, “están en su derecho”.

“Pero francamente, no pueden obligarnos. Y no es nada ilegal el no hacerlo”, indicó.  

Hasta ahora, varios tribunales han indicado que la aplicación de las leyes de inmigración es asunto del gobierno federal y que cualquier colaboración de los gobiernos locales es voluntaria y está sujeta a acuerdos específicos.

Sin embargo, según la legislación federal, los datos personales de todos los delincuentes convictos que están en las cárceles o prisiones locales continúan dirigiéndose al gobierno federal, que decide si alguien es deportable o si se requiere que ICE (Inmigración y Aduanas) los arreste y procese por deportación.

“Estas ciudades y los líderes policiales que limitan la colaboración con los federales están respaldando la ley y la Constitución”, argumenta Avideh Moussavian, abogada del Centro Nacional de Derechos de Inmigración (NILC), un grupo legal pro-inmigrante.

Los oponentes de las políticas de “santuario” las están pintando como protección ilegal de criminales e inmigrantes indocumentados, agregó Moussavian.

“Eso es completamente falso. Incluso las ciudades que se llaman santuarios no pueden detener la aplicación de las leyes de inmigración. No es que no permitan a ICE hacer su trabajo, lo que están diciendo es, no estamos haciendo su trabajo por usted “, explicó la abogada.

La legalidad de cortar fondos federales.

Desde el punto de vista de Trump y de organizaciones restriccionistas contra los inmigrantes, las ciudades que “protegen” a inmigrantes no autorizados están haciendo algo malo y merecen castigo.

Jessica Vaughan, del Centro de Estudios sobre Inmigración -un centro de investigación conocido por su ideología restrictiva de la inmigración indocumentada y también la legal- indica que las ciudades que “obstruyen la aplicación de la ley son un problema importante de seguridad pública en todo el país”.

Los líderes de muchas municipalidades y otras jurisdicciones locales argumentan, por el contrario, que están considerando sus prioridades de seguridad pública al no colaborar con las autoridades de inmigración más allá de lo que la ley exige.

Pero para castigar a “ciudades santuario”, el gobierno tendría tendría que empezar por especificar lo que es una “ciudad santuario”, definición que legalmente no existe.

La orden misma de Trump parece ofrecer una definición bastante “estrecha” de lo que es un “santuario”, dijo Margo Schlanger, profesora de leyes de la Universidad de Michigan.

“No hay ninguna ley que requiere que los estados, ciudades o policías colaboren con la aplicación de las leyes migratorias, una tarea que por ley le corresponde al gobierno federal”, dijo Schlanger.

La letra de la orden alega que las ciudades “santuario” (o estados, o entidades públicas en general) están “violando la ley federal voluntariamente, tratando de proteger a extranjeros contra la deportación y causando un daño inconmensurable al pueblo americano”.  Y menciona una cláusula de ley : 8 U.S.C. 1373, aprobada en 1996.

“Lo que esa cláusula dices es que una entidad no puede prohibir que su personal hable con ICE sobre el estatus migratorio de un detenido. Eso es todo”, dijo Schlanger.  “La ciudad no puede impedir que la información sobre el estatus del detenido vaya al gobierno federal, pero no está obligada y de hecho puede meterse en problemas legales si retiene a un detenido solo para que ICE venga a por él”.

El gobierno federal será objeto de demandas si trata de basarse en esa cláusula para castigar a las ciudades por tener reglas locales que limitan la cooperación, como es el caso de la ley Trust Act de California, apuntó la experta.

Entretanto, varios congresistas republicanos ya han presentado proyectos de ley para despojar  de fondos federales a las llamadas ciudades de santuarios y también a los campus universitarios.