Profesora testifica contra trabajadores sociales en el caso de Gabriel Fernández

Después de la audiencia preliminar del lunes, el juez se ha negado a desestimar los cargos contra los acusados
Profesora testifica contra trabajadores sociales en el caso de Gabriel Fernández
Cuatro empleados de los Servicios Sociales de Los Ángeles están acusados de negligencia por la muerte del pequeño de 8 años, que sufría abuso doméstico.
Foto: Archivo

Este lunes ha dado comienzo con el testimonio de una profesora de la escuela primaria a la que acudía el pequeño la audiencia preliminar del proceso judicial contra los trabajadores sociales responsables del caso de Gabriel Fernández, que terminó en tragedia cuando fue brutalmente asesinado.

Gabriel Fernández tenía 8 años cuando falleció el 24 de mayo de 2013 después de sufrir serias heridas como un cráneo fracturado, varias costillas rotas y quemaduras por varias partes del cuerpo.

Su madre, Pearl Fernández de 33 años, y el novio de esta, Isauro Aguirre de 36, están acusados de ser los responsables de la muerte del pequeño y aguardan sentencia por el crimen. La oficina del fiscal del distrito ha anunciado que pedirá la pena de muerte para ambos.

Pearl Sinthia Fernández e Isauro Aguirre, acusados de homicidio y tortura por la muerte de Gabriel (Foto: Suministrada)
Pearl Sinthia Fernández e Isauro Aguirre, acusados de homicidio y tortura por la muerte de Gabriel (Foto: Suministrada)

Además de contra Fernández y Aguirre, la muerte de Gabriel resultó en procesos judiciales para cuatro trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Familias y Niños del condado de Los Ángeles (DFCS, por sus siglas en inglés) asignados al caso del pequeño.

Stefanie Rodríguez, de 31 años, Patricia Clement, de 66, Kevin Bom, de 37 años y Gregory Merritt de 61 enfrentan cada uno un cargo por abuso infantil y por falsificación de documentos, ambos considerados delitos graves y por los que pueden pasar hasta 10 años en la cárcel. Rodríguez y Clement fueron los trabajadores que se hicieron cargo de la investigación de los malos tratos que sufría Gabriel, mientras que Merritt y Bom eran sus supervisores.

Jennifer García, que fue maestra de Gabriel, declaró ayer ante la jueza M.L.Villar en una audiencia preliminar que había denunciado la situación repetidas veces ante la DCFS, sin ver que se tomara ninguna medida.

García enseñaba a niños del primer curso en Summerwind Elementary School y Gabriel llegó nuevo a su clase en 2012, después de que su madre solicitara su custodia (hasta entonces había vivido en Pacoima con sus abuelos maternos). La profesora hizo la primera llamada denunciando que el pequeño sufría abusos más de seis meses antes de que muriera, declaró.

Gabriel presentaba muchos problemas de comportamiento y golpeaba a otros niños de su curso, por lo que García empezó a escribir notas a su madre explicándole la actitud de su hijo, que le devolvía firmadas. Pero empezó a temer que la mujer tomaba represalias contra el niño a causa de ello, así que dejó de hacerlo.

Otros detalles alertaron a la profesora de que algo no iba bien, tales como el hecho de que en ocasiones no quisiera irse a su casa después de las clases o que en una ocasión simulara esnifar algo de su mesa, indicando que en su casa presenciaba el consumo de drogas.

El primer signo de abuso físico llegó cuando el propio Gabriel le contó que su madre le había pegado con la hebilla de un cinturón y le había hecho sangrar, y le preguntó si eso era “normal”. Fue entonces cuando García hizo la primera llamada a los servicios sociales, el 30 de octubre de 2012. Rodríguez respondió al aviso y le dijo que había sido asignada al caso y empezaría a investigar.

En noviembre de 2012, Gabriel apareció por clase con heridas en la cabeza y mechones de pelo cortados, y contó a García que su madre le había dado un puñetazo en la cara. Su profesora llamó de nuevo al DCFS, pero “a medida que pasaba el tiempo y aparecían nuevas heridas, empecé a sentir que nada estaba pasando (con el caso)“, afirmó durante su declaración del lunes.

En enero de 2013, el pequeño llegó a la escuela con moratones por todo el rostro y le confesó a su profesora que su madre le había disparado en la cara con una pistola de balines mientras hacía ejercicio.

Además, en dos ocasiones el pequeño le preguntó a García si podía llamar “a esa señorita”, refiriéndose a Rodríguez, a pesar de que García nunca le había hablado de las llamadas que había realizado al DCFS. Rodríguez le dijo a García que visitaba regularmente el domicilio de los Fernández, y Gabriel le contó que después de que la trabajadora social acudiera a su casa le “hacían más daño”.

Después de la muerte de Gabriel, Rodríguez y los otros tres empleados fueron despedidos a raíz de una investigación interna del DCFS. La acusación sostiene que Rodríguez y Clement falsificaron los reportes del caso, que hubieran debido documentar la escalada de violencia que sufría el menor, mientras que Bom y Merritt sabían o deberían haber sabido que dichos informes no eran correctos.

Se estima que la audiencia preliminar del caso durará unas dos semanas, de acuerdo a Villar.