Falta de inmigrantes detenidos podría afectar la economía, aseguran funcionarios

California quiere convertirse en "estado santuario", y el condado de Orange teme perder contratos con ICE
Falta de inmigrantes detenidos podría afectar la economía, aseguran funcionarios
Santa Ana recientemente cesó su cooperación con ICE que permite la detención de inmigrantes en su cárcel.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

Funcionarios del condado de Orange expresaron preocupación por un proyecto de ley del senado estatal que prohíbe que la policía local coopere con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la deportación de personas que viven en el país ilegalmente, lo cual podría costar al condado millones de dólares en ingresos anuales.

Sandra Hutchens, alguacil del Departamento del Sheriff del condado de Orange, dijo que le preocupa que el proyecto de ley del presidente del senado Kevin de León, D-Los Ángeles, pondrá en peligro el programa de “beds for feds” (camas para federales) del condado, que provee espacio en las cárceles del condado para los inmigrantes detenidos.

El programa llegó como bendición para Hutchens cuando ella estaba lidiando con un presupuesto disminuido como resultado de la gran recesión.

Desde su creación en agosto de 2010 hasta el siguiente junio el gobierno federal pagó $26.9 millones de dólares para alojar a inmigrantes detenidos en cárceles del condado.

Tan solo en el condado de Orange, existen tres centros: James A. Musick, en Irvine; Theo Lacy, en Orange; y la Cárcel de la ciudad de Santa Ana, cuyo centro ya no aceptará más inmigrantes.

Haz clic en la imagen para localizar los centros.

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En el año fiscal 2011-12, el condado facturó a los federales $33.3 millones de dólares. El siguiente año, el programa facturó a Inmigración y Aduanas (ICE) $29.5 millones.

En el año fiscal 2014-15, se facturó a ICE $22.8 millones de dólares, y en el último el programa costó al gobierno federal $31.3 millones de dólares.

La oficina de León no contestó para proveer un comentario acerca del tema.

Sin embargo, el viernes De León dijo, enlistando a la policía local que ayuda a ICE a llevar a cabo las deportaciones, que este acto aumenta el peligro para las comunidades. “Cuando la policía local es suplente para hacer cumplir las leyes de inmigración nuestras comunidades se vuelven más —no menos- peligrosas”, dijo De León.

“Nuestros recursos policiales limitados son malgastados cuando los policías son reasignados de sus deberes para detener a las camareras, estudiantes, empresarios y trabajadores obedientes a la ley por violaciones de inmigración. Los residentes indocumentados no reportarán los delitos por temor a la deportación y los delincuentes vagarán libremente para victimizar a otros.”

La senadora Patricia Bates, R-Laguna Niguel, criticó lo que ella caracterizó como una legislación del “estado santuario” después que el comité de asignaciones del senado votara 5-2 a favor de la propuesta de De León el lunes. Bates es vicepresidenta de la comisión.

“Como descendiente de inmigrantes, tengo compasión por los indocumentados inmigrantes que quieren tener una vida mejor para ellos y sus familias”, dijo Bates. “Es por eso que el gobierno federal debe enfocarse en el sistema de inmigración roto. Además, la SB 54 dificultaría al gobierno federal deportar a quienes realmente representan un peligro para los californianos“.

Bates añadió que, incluso teniendo en cuenta las enmiendas propuestas, el proyecto de ley “limita gravemente la comunicación entre los agentes federales de inmigración, lo que podría llevar a la liberación de algunos individuos peligrosos”. Además, la SB 54 amenaza a millones de fondos para los condados que alquilan espacio al gobierno federal para los detenidos”.

Agregó que la legislación podría costar al condado $22 millones anuales, posiblemente llevando a despidos en el departamento del sheriff.

Jaimee Blashaw, una portavoz del sheriff, dijo que se han hecho garantías por los autores de la ley para no dejar que afecte el contrato del condado con ICE, “pero no creemos que esté claro. Creemos que el proyecto de ley necesita lenguaje especifico que establezca que nuestros contratos no serán afectados”.