Sessions: “Inaceptable que (ciudades) no ayuden contra inmigrantes criminales”

El Fiscal General considera que todas las juridicciones deben cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional

El fiscal general Jeff Sessions consideró como “inaceptable” que las ciudades santuario no cooperen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para detener a inmigrantes perseguidos por algún delito.

“Es inaceptable que las jurisdicciones rechacen cooperar con la aplicación de ley federal al liberar criminales inmigrantes en nuestras comunidades, cuando nuestra ley los busca para ser deportados”, indicó a través de un comunicado.

Esto después de que la DHS publicara un reporte que indica que las autoridades migratorias emitieron 3,083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero, pero no pudieron ejecutarse porque las ciudades santurario se niegan a ayudar al gobierno federal.

“Esta es realmente una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas“, dijo un alto funcionario a la prensa.

Sessions defendió el reporte al indicar que “este importante reporte demuestra con claridad las amenazas a la seguridad pública”.

Agregó que el Departamento de Justicia se asegurará de que “los criminales que están ilegalmente en el país sean detenidos y deportados con rapidez”, al mismo tiempo que buscará “presionar a las juridicciones que voluntariamente violan la ley federal”.

El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado una batalla en contra de las ciudades y estados donde hay iniciativas para proteger a los inmigrantes, a fin de que no sean deportados.

Serán alrededor de 800 millones de dólares que el gobierno federal podría cortar a metrópolis como Nueva York, Los Angeles y Chicago.

Ante ello, pofesores y académicos de derecho constitucional, de inmigración, administrativo e internacional, le entregaron una carta al presidente para pedirle que retire la sección 9 de su orden ejecutiva 13768 sobre las ciudades santurario, ya que podría estar violando la cláusula de gasto y la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La misiva fue firmada por 292 expertos indican que las juridicciones que promulgan leyes para proteger a inmigrantes están actuando en el marco de sus derechos constitucionales, expresó Annie Lai, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, y una de los autoras de la carta.