Autoridades y activistas critican “chantaje” del Fiscal General sobre ciudades santuario

Dicen que en vez de hacer comunidades más seguras, la colaboración de las autoridades locales y ICE minan la confianza de los indocumentados en la policía
Autoridades y activistas critican “chantaje” del Fiscal General sobre ciudades santuario
Kevin de León ha propuesto la medida SB 54 para desviar un plan de la Administración Trump, que pretende enlistar a la policía estatal y local como agentes de inmigración.
Foto: Francisco Castro / La Opinión

Activistas proinmigrantes y autoridades locales y estatales criticaron duramente las acciones anunciadas este lunes contra las ciudades santuario por parte del fiscal general de la nación, Jeff Sessions.

El presidente del Senado de California, Kevin de León, calificó la amenaza de Sessions para quitarle fondos federales a las ciudades que protejan a los indocumentados como un “chantaje” y solo “generan temor y promueven la búsqueda de chivos expiatorios basado en raza”.

“Están equivocados acerca de los inmigrantes y están equivocados sobre lo que hace que nuestras comunidades sean más seguras. Los datos muestran que los condados santuario no sólo son más seguros que las jurisdicciones comparables no-santuario, sino que también están mejor económicamente”, indicó De León.

“En lugar de hacernos más seguros, la administración Trump está propagando el miedo, y promoviendo un chivo expiatorio basado en la raza de la persona. Su método de ‘apuntar una pistola a la cabeza’ para obligar a las ciudades y condados resistentes a participar en la deportación masiva inhumana y contraproducente de Trump, es inconstitucional y fracasará”.

Medida SB 54

De León propuso la medida SB 54, la Ley de Valores de California, que evitará que la policía estatal, local y escolar utilice sus recursos para investigar, detener o arrestar a individuos por violaciones de inmigración. La policía estatal y local seguirá cumpliendo con las órdenes judiciales para transferir a los delincuentes peligrosos a custodia federal con fines de cumplimiento de la ley de inmigración.

La propuesta de ley SB 54 convertiría al estado de Calfiornia en un "estado santuario". / Francisco Castro
La propuesta de ley SB 54 convertiría al estado de Calfiornia en un “estado santuario”. (Foto: Francisco Castro/La Opinión)

El proyecto de ley fue recientemente enmendado para asegurar que el gobierno federal tenga un aviso previo de 60 días antes de que los delincuentes violentos sean liberados de la prisión estatal o la custodia local, dando a los funcionarios de inmigración tiempo suficiente para detener a los delincuentes bajo su objetivo.

Un nuevo estudio realizado por un profesor de la Universidad de California en San Diego, descubrió que las ciudades que no coordinan directamente con los agentes de Inmigración y Aduanas son más seguras en conjunto y disfrutan de una economía más fuerte.

Alcalde Garcetti critica anuncio

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, también mostró su rechazo al anuncio del fiscal sobre recortar fondos a ciudades “santuario”.

Aunque Los Ángeles no se ha declarado oficialmente como tal, Garcetti ha mantenido que las autoridades locales no colaborarán con autoridades migratorias.

“Los valores de Los Ángeles no están en venta. Existen protecciones constitucionales en defensa de las acciones punitivas y contraproducentes como las que propuso hoy el fiscal general Sessions. Nuestras políticas están diseñadas para mantener seguros a nuestros residentes.  Un recorte radical de fondos para nuestros equipos de primera respuesta, para nuestros puertos y el aeropuerto, para combatir el terrorismo y el crimen, y para fortalecer nuestras comunidades — esto no le sirve de bien a nadie — ni a nuestra ciudad, ni al gobierno federal, ni a la población americana.

“Lucharemos para proteger la seguridad y la dignidad de todos angelinos, y colaboraremos con nuestros representantes en el Congreso para asegurar que Los Ángeles no pierda sus recursos federales, los cuales ayudan a proteger a millones de personas cada día”, expresó Garcetti.

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), se refirió al anuncio como una “amenaza que no es más que bullying por parte del presidente a quien no le gusta perder”.

“Absolutamente no hay base para los argumentos del Fiscal General que las ciudades y estados que dan la bienvenida a los inmigrantes son menos seguras. Al contrario, la colaboración entre la policía y ICE pueden minar la confianza de la comunidad en su policía local y generar comunidades inseguras”.

Salas citó un estudio publicado por la Universidad de Illinois en 2013 que indica que el 70% de los indocumentados serían menos propensos a contactar a las agencias del orden si fueran víctimas de un crimen si creen que la policía local coopera con ICE.