En California, caseros amenazan reportar a inquilinos con ICE

Desalojarlos, aumentar la renta o simplemente evitar la reparación de las viviendas son las principales causas de las amenazas

Más y más inquilinos están reportando que los caseros los están amenazando con reportarlos con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la intención de aumentar la renta, desalojarlos, o simplemente evitar la reparación de necesidades básicas en las viviendas. 

Shirley Gibson, de la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de San Mateo, cerca de San Francisco le dijo a Citylab que actualmente trabaja con una madre de tres hijos que tuvo que pedir una orden de restricción en contra de su marido luego de un incidente de violencia doméstica.

De inmediato el propietario del inmueble le exigió que firmara un nuevo contrato de arrendamiento con un aumento de alquiler. Cuando la mujer le dijo que se lo mostraría a un abogado, este le dio dos opciones: firmarlo inmediatamente o de lo contrario llamaría a inmigración.

“Ella le creyó al casero, porque cuando él la amenazó, llevaba puesta la gorra roja —la gorra de ‘Make America Great Again'(que hizo popular el presidente Donald Trump)— y este hecho en su mente no dejó duda alguna, ‘Esta persona realmente me odia'”, dice Gibson.

Aunque los arrendatarios indocumentados y los hogares con estatus migratorio mixto han sido históricamente vulnerables al abuso y la intimidación, los expertos en asesoría jurídica de California dicen que desde la llegada de Donald Trump al poder, junto a sus políticas antiinmigrantes, los informes de amenazas explícitas de deportación por parte de caseros se han disparado.

En la mayoría de ocasiones, los caseros que amenazan con reportar a un inquilino a (ICE) lo hacen en respuesta a quejas sobre la unidad de alquiler, incluyendo: fugas de gas, moho y grietas en las paredes, entre otros problemas. Lo hacen de igual forma cuando urgen desalojarlos en zonas donde han llegado residentes que pueden pagar mucho más por el arriendo de las mismas unidades residenciales.

“Tenemos entre dos millones y medio y tres millones de indocumentados viviendo en California, la mayoría de los cuales son inquilinos. Los caseros sin escrúpulos se aprovechan de ese hecho para privar a los inquilinos de sus derechos legales”.dijo Jith Meganathan, promotor de política del Centro Occidental sobre la Ley y la Pobreza a Citylab.

Bajo la ley del estado de California, los caseros no pueden preguntarle a un inquilino o sus familiares acerca de su estatus migratorio. Un proyecto de ley presentado ante la legislatura estatal el pasado 29 de marzo  —la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de 2017— fortalecería las protecciones a los inquilinos prohibiéndole a los arrendadores revelar el estatus migratorio de los arrendatarios a las autoridades. También haría ilegal para los arrendadores amenazar con reportar a un inquilino a ICE o poner en peligro los derechos legales de un inquilino indocumentado.

“Tenemos reportes de que este tipo de casos ocurren en todas partes de California”, dice Meganathan. “El área de la Bahía, Los Ángeles, San Diego, el condado de Orange, así como las zonas rurales del Central Valley y la Costa Central” añadió.

Esta oleada de miedo y hostigamiento hace eco con las cifras del Departamento de Policía de Los Ángeles que reportó una disminución de un 25% en las denuncias de violencia domestica y sexual por parte de la comunidad inmigrante en la ciudad.

Gibson dice que muchos clientes que acuden a ella con denuncias sólidas tienen demasiado miedo para ir a los tribunales. Los intentos de intimidación que antes habrían sido inimaginables para alguien que vive en California, hoy bajo la nueva administración de Donald Trump parecen ser un peligro inminente.

De acuerdo al abogado, este ambiente está alejando a la comunidad inmigrante de apoyos a los que tiene derecho. “Hay personas que todavía no han recibido beneficios federales de vivienda, pero tienen miedo de que si reciben algún beneficio, no sólo los beneficios de vivienda, corren el riesgo de meterse en problemas o de que se envíe su información a las autoridades de inmigración”.

No hay duda, según los protectores de los derechos de los inmigrantes que las leyes de California así como de otros estados y ciudades santuario tienen que mejorar con el fin de blindar a la comunidad indocumentada, la cual vive hoy sumida en el miedo a ser deportada.