California gana primera batalla en defensa de “ciudades santuario”
El gobierno del presidente Trump criticó la decisión del juez en San Francisco contra su orden ejectutiva
El 25 de enero, el presidente Trump firmó su orden ejectiva contra "ciudades santuario". Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images
WASHINGTON.- En el cuadrilátero del sistema judicial, California y varias ciudades “santuario”, como Chicago, Los Angeles, Filadelfia y Nueva York, se han apuntado una importante victoria legal en su negativa a realizar tareas de Inmigración, aunque el tortuoso camino posiblemente termine en el Tribunal Supremo.
El juez federal William Orrick, en San Francisco (California), bloqueó la tarde del martes el plan de la Administración de Donald Trump de suspender ciertos fondos públicos a ciudades que limitan su cooperación con los agentes de Inmigración.
Se trata de la tercera vez en dos meses que la Administración sufre una derrota judicial por sus órdenes ejecutivas migratorias, y se produjo a cuatro días de que el presidente Trump cumpla 100 días en el poder.
El caso es fruto de una demanda entablada por los condados de Santa Clara y San Francisco, que lograron convencer a Orrick sobre el daño irreparable que sufrirían si el gobierno federal les quita fondos –San Francisco podría perder $2,000 millones al año-, y sobre sus posibilidades de ganar en las cortes.
Escenarios legales
La decisión de Orrick, un “no se puede” a Trump, aplica a nivel nacional y significa que la suspensión temporal de parte de la orden ejecutiva del pasado 25 de enero quedará en pie mientras las demandas de los dos condados californianos se resuelven en los tribunales.
La Casa Blanca atacó anoche la decisión “unilateral” de Orrick y sugirió que, aunque perdió la batalla, ganará su “guerra” contra las ciudades “santuario”, así tenga que llegar hasta el Tribunal Supremo.
La Administración perseguirá “todos los remedios legales” para responder a la “amenaza” de las ciudades “santuario”, y recrudecerá las deportaciones de pandillas y elementos criminales, prometió en un comunicado.
El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo anoche que la Administración prevé apelar el fallo, porque cree que podrá imponer “restricciones razonables” en el uso de fondos federales.
Falta ver lo que otras cortes decidirán respecto a otras demandas presentadas en otras ciudades de California, y en Washington y Massachusetts.
EEUU arrastra este debate desde hace décadas, pero éste cobró fuerza el año pasado, cuando Trump, como candidato presidencial, prometió echar del país a todos los inmigrantes indocumentados.
Más de la mitad de los 11 millones de inmigrantes clandestinos viven en 20 áreas metropolitanas, en decenas de ciudades que sirven de “santuario”, según el Centro de Investigación Pew.
Estas ciudades aseguran que convertir a la policía local en agentes de inmigración debilita la cooperación de la comunidad en la investigación de crímenes.
Lo que está en juego
El litigio mantiene en vilo a estas urbes porque están en juego centenares de millones de dólares en fondos de ciertos programas de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
Los fondos financian, por ejemplo, programas de desarrollo comunitario, medicina forense, tratamientos para la drogadicción, asistencia a discapacitados y víctimas de violencia doméstica, y para la búsqueda y ayuda a niños desaparecidos o maltratados.
El Departamento de Justicia puso sobre aviso a California de que podría perder $18,2 millones por rebelarse contra las órdenes ejecutivas de Trump.
Sólo Los Angeles recibe, según datos oficiales, más de $500 millones anuales del gobierno de Washington para proyectos de seguridad pública y asistencia social.
En el año fiscal 2017, Nueva York recibió poco más de $53 millones del Departamento de Justicia para programas policiales y la compra de uniformes y demás herramientas de trabajo. Y Chicago se juega al menos $3,600 millones para programas de asistencia social e infraestructura.
Según un análisis de febrero pasado del grupo independiente “Open the Books”, que aboga por la transparencia en la política, el gobierno federal desembolsó cerca de $27,000 millones a 106 ciudades “santuario” en el año fiscal 2016.
La Administración Trump no ha ofrecido un desglosado de los fondos que estarían en peligro, pero ha dado plazo hasta el próximo 30 de junio a nueve ciudades y jurisdicciones “santuario” para que demuestren que están cumpliendo con las leyes.
Falta una definición legal clara
Para disuadir la inmigración ilegal y combatir a “peligrosos” delincuentes, Trump ha puesto en la mira a las ciudades “santuario”, sin saber bien cuáles y cuántas son, porque no existe una definición legal clara.
En términos generales, las autoridades califican como “santuario” a ciudades y jurisdicciones que no reportan a los indocumentados encarcelados o no los retienen en las cárceles hasta entregarlos a la custodia de agentes federales.
En un encuentro con periodistas el martes, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan, sugirió que el gobierno las evaluaría también por su participación en el controvertido programa “287g”, y su intercambio de datos sobre inmigrantes indocumentados.
Lapan no pudo precisar cuándo estaría lista la definición oficial.
A finales de enero pasado, el DHS comenzó a publicar informes semanales sobre las jurisdicciones que han desafiado las órdenes de retener en prisión a inmigrantes indocumentados para su eventual deportación, pero los suspendió indefinidamente al reconocer que contenían errores.
Orrick coincidió con centenares de expertos legales, académicos y activistas que han señalado que la suspensión de fondos a ciudades “santuario” viola la Constitución, y el gobierno federal no puede condicionarlos.
